La pelea entre Sergio Berni y Aníbal Fernández incluyó un intercambio de insultos sólo naturalizado, en parte, por la condición de “personaje” adjudicada a los dos funcionarios. La disputa resultó inesperada, aunque no imprevisible. Habrá que ver si funcionan las sugerencias para bajarle el tono a esta nueva batalla en un área especialmente sensible. En cualquier caso, se trata de un daño autoinfligido y a la vez perturbador, cuando la agenda del oficialismo está dominada por las negociaciones para formalizar trato con el FMI. Por sí solo, ese principio de acuerdo agita la interna y acaba de proyectar un posible conflicto con el gobierno porteño, por los subsidios a los colectivos.

La decisión de recortar presupuesto destinado a subsidiar tarifas bajas -en general, empezando por las de energía- es un eje del entendimiento que Martín Guzmán y su equipo negocia sin mucho margen de tiempo con el FMI, luego de los anuncios del Gobierno y del organismo internacional. Es, a la vez, uno de los elementos críticos que alimentaron el rechazo expuesto por Máximo Kirchner en su renuncia a la presidencia del bloque de diputados.

Esa fue hasta el momento la expresión más visible del conflicto doméstico. En estas horas, y tal como lo reconoció de manera implícita el propio Alberto Fernández, Olivos busca achicar la fisura oficialista en el Congreso, para cuando llegue el día de votar el texto firmado con el Fondo. Nadie habla de apoyo general de los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos. Por el contrario, se prefiere decir aval “mayoritario”: una manera de intentar control de daño, anticipando que se producirá algún grado de rechazo en sus bancas.

Para lograr ese respaldo significativo aunque no total -a pesar de la condición de oficialismo-, el Gobierno necesita un acompañamiento decisivo de los gobernadores peronistas. Los jefes provinciales, en general, empujan el acuerdo con el FMI, por razones de concepción y por cuestiones prácticas: las consecuencias que tendría un default en medio de la crisis económica y social.

Los gobernadores del PJ mantienen, a la vez, sus demandas frente a las posibles consecuencias del ajuste del déficit, acompañado por un giro significativo en política monetaria. Renovaron sus reclamos por lo que consideran una atención desigual respecto de la provincia de Buenos Aires y la Capital. En el caso del transporte urbano de pasajeros, señalan que en el interior la gente paga hasta tres veces más que en el área metropolitana.

El Gobierno utiliza ese argumento aunque sólo para anticipar la discusión con la gestión de Rodríguez Larreta. Difunde que pretende bajar subsidios que representan entre 13.000 y 14.000 millones de pesos. Otros cálculos hablan de números menores, pero en cualquier caso -destacan en medios opositores- el subsidio triplica o cuatriplica los valores si se calcula el transporte en el GBA. El interrogante es qué ocurriría en ese caso. Por ahora, se habla únicamente de poda sobre las líneas que circulan en el distrito porteño. Pero las dudas refieren a las líneas que cruzan la General Paz y el Riachuelo.

El Gobierno convocó a las autoridades porteñas para discutir el tema. Deja trascender que el recorte sería utilizado para asistir a las provincias. No está claro por ahora cómo se garantizaría ese destino, pero el mensaje es claro y está destinado a los gobernadores del interior. El caso anterior fue la poda de recursos que iban al sistema de seguridad de la Ciudad. Fue utilizado para asistir a Axel Kicillof, que demandaba fondos para atender un reclamo de la policía bonaerense.

En términos políticos, aquella medida -que espera una decisión de la Corte Suprema a raíz del reclamo porteño- rompió los puentes con Rodríguez Larreta. A la vista de los resultados electorales, y en combinación con otros factores, el jefe de gobierno de la Ciudad se afirmó como referente opositor en la perspectiva del 2023. Nada de lo que viene podría ser analizado sin considerar ese contexto.

Ese puede ser un conflicto precipitado por necesidades del ajuste y alimentado además por la lógica de la disputa electoral, con grieta y fuera de tiempo. En cambio, los focos de la interna exhiben hechos fuera de cálculo. Resultó llamativo el punto hasta el cual extremó la disputa Máximo Kirchner. Y sacudió por otras razones el enfrentamiento entre Aníbal Fernández y Berni.

El ministro bonaerense y el ministro nacional intercambiaron descalificaciones: patético y mercenario fueron algunas de las más ruidosas. Reproducen así el conflicto doméstico en un rubro que, junto a la economía y con razón, se mantiene en la lista de mayores preocupaciones de la sociedad, según todas las encuestas. Antes de la crisis del gabinete nacional precipitada por la derrota oficialista en las PASO, los cruces de Berni eran con Sabina Frederic.

Como se sabe, esta vez la tensión comenzó con el caso de la droga adulterada. Es -el caso y la reacción de los funcionarios- una pésima señal por donde se lo mire, en especial por lo que describe del delito narco y lo que sugiere como connivencias locales. A eso, la disputa entre funcionarios añade la inexistencia de una línea seria y acordada de trabajo entre las fuerzas de seguridad federales y las policías locales. Otros distritos complicados, como Santa Fe, también habían expuesto señales similares.

Existen además especulaciones menores. Por ejemplo, otro síntoma de fisura en la relación de Olivos con la gestión bonaerense. O una movida de Berni, en camino propio de salida para dedicarse de lleno a su candidatura. Es un problema delicado para el Gobierno y para Kicillof. Un daño provocado también hacia afuera, que el Presidente busca amortiguar como ya lo hizo otras veces durante la gestión de Frederic. Y sobre todo, un dato alarmante en un área sensible.