El caso inédito se conoció ayer a través de una investigación de LA ARENA. Así se pudo establecer que el 8 de agosto de 1989, el gobernador justicialista Néstor Ahuad firmó la resolución 4/89 y con su rúbrica autorizó algo que ni siquiera había dispuesto la justicia: indemnizar en 56.500.000 australes a varios policías que habían sido destituidos por su antecesor, Rubén Hugo Marín, por su participación en la represión ilegal durante el denominado Proceso. Seis de ellos -Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Athos Reta, Carlos Reinhart y Néstor Cenizo- hoy están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad y el restante -Luis Dionisio Gualpas-, que formaba parte del grupo de tareas, no llegó a ser procesado porque había fallecido antes de que se reabriera la causa en el año 2003 tras la anulación de las llamadas "Leyes del Perdón".

Pero además, en ese texto de apenas 27 líneas, Ahuad dio vía libre para que los policías fueran reincorporados a la fuerza y se les reconocieran los grados y la antigüedad en el servicio. Como si fuera poco, la Provincia además desistió de las acciones legales que el gobierno de Marín había promovido contra ellos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué negoció Ahuad en esa oportunidad? "Una quita equivalente a un 60 por ciento de la reclamación oficial", según puede leerse en la resolución. A cambio, los represores retiraron las demandas judiciales entabladas contra el Estado pampeano. Previamente, a través del dictamen 319/88, el asesor letrado Amado abrió las puertas para que los policías terminaran cobrando esas millonarias indemnizaciones.

"No recuerdo".

Tres de los protagonistas de esta historia fueron consultados ayer por LA ARENA para conocer su opinión sobre el caso.

El ex gobernador Ahuad fue contactado vía telefónica por la producción de Radio Noticias. Estaba en la Ciudad de Buenos Aires por una cuestión de salud.

Ante la consulta periodística, prefirió hablar en otra oportunidad, ya que primero debía "interiorizarse" sobre el tema, dado que, según dijo, no recordaba nada. El ex mandatario sólo se limitó a preguntar: "¿Por qué pedían las indemnizaciones?" o "¿Y cobraron finalmente?".

Poco antes de cortar, le dijo a su interlocutor: "No tengo ninguna información sobre ese tema. Voy a ver si hablo con Amado o algún otro funcionario...".

Por su parte, la consulta al ex asesor letrado tampoco arrojó ningún resultado. Llamado a su estudio durante la mañana de ayer, prefirió responder con un lacónico "No voy a hacer comentarios", antes de colgarle al cronista.

"Calentura".

Por su parte, el ex gobernador Marín sí habló luego del encuentro del Consejo Provincial del PJ que se realizó ayer a la mañana. Aunque mucho más no aportó. "Yo sabía que le habían pagado, no sabía si era con juicio o sin juicio", afirmó Marín. "Sabía que les había tocado arreglar, pero no los pormenores. No conozco cuál fue el fallo. Sí recuerdo que hubo un Congreso partidario en General Pico donde le pedimos el juicio político a los miembros del Superior Tribunal de Justicia que reincorporaron a los comisarios. Ahí Ahuad me dijo que tenía mucha calentura porque había tenido que pagar".

En 1985, Marín dictó el decreto por el que destituyó a los policías basándose en la norma jurídica de facto 1.034/80 tras el sumario administrativo que constató los secuestros y torturas cometidos por la Subzona 14. Pero esa decisión política, institucional y hasta moral, como había sido destituir a un grupo de represores, fue luego canjeada por el propio Estado por una negociación meramente económica, en la que en lo único que había que ponerse de acuerdo era en los millones que se les entregaron a los oficiales.