La idea de poner los fondos del Estado en manos de los usuarios en lugar de que sean recibidos por las empresas de colectivos y trenes, eran parte de una racionalización que ya en 2010 se hacía más que evidente. En 2004, el Gobierno pagó poco más de $ 1000 millones en subsidios a lo largo de todo el año. Hoy esa cifra solo alcanza para solventar el combustible y los costos operativos de todo el sector de apenas un mes.

Sin embargo, todavía no había llegado la era de la sintonía fina. Los objetivos que hoy son prioritarios, en 2011 estaban subordinados a la necesidad de garantizar el triunfo electoral. Con la reelección asegurada por una holgada diferencia a favor, el clima económico adverso a nivel global facilitó el contexto para tomar decisiones difíciles.

El primer objetivo oficial es que todos los usuarios utilicen la tarjeta SUBE, para poder luego personalizar el subsidio y depositarlo en una cuenta, como se hace con los planes sociales. La incógnita es cuál será el valor que pagarán los que no usen este sistema. Esa cifra definirá si el Gobierno acepta compartir el costo del aumento del subte con Macri, o prefiere ahorrar un poco menos, demostrando que su billetera siempre es la más grande.