En su escrito el letrado remarcó que se trataría de una actitud que, de acreditarse, constituiría una grave irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad personal y bienes de las personas.En la denuncia se solicita a la Justicia que se investigue la posible ocurrencia de los delitos previstos en el art. 237 y 238 inc. 3 del Código Penal (intimidación), y/o 209 del Código Penal (instigación a cometer delito), y/o art. 212 del Código Penal (incitación a la violencia). La presentación recayó en el Juzgado de Instrucción a cargo de la Dra. Marcela Quintana.También recordó el vocal que aún no recibió la copia solicitada de la pericia oficial sobre el principio de incendio en su oficina del Tribunal. Los fundamentos para la denuncia penal están basados en los trascendidos de que funcionarios provinciales habrían responsabilizado al vocal por las demoras o falta de pago de distintos subsidios que abona, habitualmente, la provincia a organizaciones sociales o personas y sugiriendo que, en todo caso, vayan a hacerle un piquete al edificio del Tribunal. Stoessel afirmó que esto se reiteró en diversas ocasiones, indicando que, este tipo de comentarios “en medio de situaciones de crisis y conflicto social, cortes de ruta y demás, puede generar reacciones violentas e impedir el normal desempeño de las tareas del organismo”, afirmó.