Buscando ampliar el plan de seguridad recientemente diseñado por el municipio, empresarios y comerciantes rosarinos propusieron extender el uso de videocámaras a los accesos a la ciudad. También quieren anexarle al anteproyecto de ordenanza de la administración de Miguel Lifschitz los sistemas de monitoreo o vigilancia en actividad, además de constituir un protocolo que integre servicios como el 911, Defensa Civil o el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies).
Advirtiendo que la inseguridad ya no es una prioridad absoluta del gobierno provincial (Ministerio de Seguridad y policía), en la Federación Gremial de Comercio e Industria saludaron el plan del municipio. También consideraron clave aportar elementos que consoliden un programa "integral".
Gabriel Chumpitaz, vocal de la federación, explicó a La Capital que la inquietud del sector va más allá del uso de las cámaras en los sectores comerciales del centro y los barrios (a instalar luego en otras zonas críticas). "También deberían emplearse en los accesos, como en la avenida de Circunvalación, ya que existen bandas que delinquen en un breve lapso y escapan", ejemplificó.
Otra alternativa es anexar a la iniciativa oficial "los circuitos cerrados existentes en muchos corredores comerciales" de la ciudad, aunque el dirigente reconoció que antes habrá que verificar la compatibilidad de tecnologías y analizar las inversiones de ser necesario un cambio de equipos.
Chumpitaz destacó la importancia de que el plan sume servicios como el 911, Defensa Civil, bomberos y ambulancias del Sies. Y que, una vez en marcha, "funcione las 24 horas de los 365 días del año".
La propuesta de la federación, que será llevada la semana próxima al Palacio Vasallo, fomenta también la instalación del sistema ABL en los móviles policiales. Se trata de una tecnología similar al rastreo satelital, más conocido como GPS.
A la hora de los números, el dirigente habló de "un costo inicial que luego variará teniendo en cuenta el mantenimiento general y permanente" que requerirá el sistema. Un punto que preanuncia otro debate.
Es que, al tiempo que enviaba el anteproyecto al Concejo, desde la Municipalidad confirmaron que se le exigirá a cada comerciante un abono mensual (de entre 25 y 400 pesos) para solventar la inversión.
Antes, y procurando solidaridad "para bajar los costos", algunos comerciantes habían reclamado que la tasa correspondiente la pagaran todos los contribuyentes.
El municipio respondió: si más de un tercio de los socios de algún centro comercial rechaza las cámaras, los dispositivos no serán colocados.

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