"Hemos elevado un nuevo informe al señor Gobernador sobre la existencia de causal suficiente para iniciar juicio político a la sala administrativa (de la Suprema Corte de Justicia)", disparó el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán.

"Esto lo vamos a convenir en las próximas 48 horas y vamos a trabajar en forma conjunta con el presidente de la Cámara de Diputados (Jorge Tanus) para determinar los pasos a seguir una vez que el Gobernador tome la decisión. Entendemos, luego de los hechos y el marco jurídico constitucional, la doctrina, la jurisprudencia y teniendo en cuenta incluso las opiniones de algunos juristas de Mendoza, que existen motivos suficientes para iniciar juicio político por mal desempeño de sus funciones al doctor Pérez Hualde (presidente de la Suprema Corte) y a quienes lo acompañaron en la firma de las designaciones (Carlos Böhm y Jorge Nanclares)", afirmó.

Cazabán endureció así el clima previo al encuentro que esta tarde mantendrán en Tribunales el presidente de la Suprema Corte, Pérez Hualde y el ministro de Gobierno, Mario Adaro. La semana pasada, este funcionario solicitó una audiencia sobre la base de la referencia a "una salida institucional" mencionada por la Corte en el informe enviado a la Legislatura.

Lo que pareció una reaparición de "halcones" y "palomas" dentro del Gobierno provincial para el trato con la Corte, fue desmentido por propio Adaro, al presentarse como firmante -junto a Cazabán- de las notas de reclamo por la metodología de designación de conjueces interinos.

En tanto en la Suprema Corte se limitaron a decir: "Mantenemos la necesidad de no politizar el tema, ratificamos nuestra postura de privilegiar las respuestas a la ciudadanía y seguimos apostando a una solución institucional entre los responsables, que atienda estas situaciones extraordinarias no previstas".

Adaro concurrirá a la reunión de esta tarde con "dos o tres alternativas de salida" que, en todos los casos, requiere de una vuelta atrás de la Suprema Corte en las designaciones cuestionadas. Mientras, Pérez Hualde lo recibirá con una postura tendiente a avanzar en una solución final "que mantenga el criterio de practicidad en línea con el proceso de agilización de la Justicia que está en marcha".

Cruces

Cazabán hizo hincapié en que el informe del máximo tribunal de la provincia remitido el viernes pasado a la Legislatura es un "reconocimiento explícito de la ilegalidad cometida", al hacer referencia a que se utilizó una metodología procesal de la Justicia Federal para cubrir cargos vacantes sobre los que no existía postulantes.

"El que reconoce las designaciones que dice cuestionar es el Ejecutivo, ya que llamó a cubrir los cargos de médico que requirió una conjueza cuestionada", dispararon en Tribunales. "La referencia a la Justicia Federal es sólo a manera de ejemplo", subrayaron.

"Nos preocupa cómo está actuando el presidente de la Suprema Corte. Esto no se puede minimizar y no hay razón que justifique que nadie, y específicamente el Poder Judicial, viole la ley", arremetió Cazabán.

"El ministro Adaro, ante una respuesta que tuvimos nosotros, solicitó una audiencia la semana pasada a la que asistirá para escuchar cuál es la propuesta que tiene el Poder Judicial para hacer en este tema. Nosotros ya hemos sido harto claros en que (es necesaria) una medida inicial de dejar sin efecto tanto los nombramientos, como las revocatorias y bajas que ha dispuesto el Poder Judicial en este tema", finalizó el secretario Cazabán.