Evidencias no le faltan: con Brasil creciendo a la mitad, la desaceleración ya llegó a la industria y poco a poco su efecto se irá sintiendo en el consumo, y por consiguiente, en la recaudación del Estado.

Si bien es cierto que la generosa mejora del salario en términos reales fue uno de los pilares del modelo actual, parece haber conciencia de que los riesgos de acelerar esta rueda hoy son mayores que los beneficios. Parte de este problema nace por el descrédito que tiene el IPC del Indec, lo que ha forzado a gremios y empresas a negociar en base a expectativas inflacionarias que muchas veces no se cumplen, como pasó en 2011. En los despachos oficiales creen que los precios seguirán desinflándose (en línea con la economía), y que es el momento adecuado para saltar a un indicador que tenga el consenso de las partes. El objetivo es que que las empresas no paguen más inflación vía salarios (ni la realimenten vía precios), para tener capacidad de expandir el empleo y la producción a través de mayor inversión. El desafío de este plan será desindexar el discurso oficial.