Una de las principales trabas que retrasó por tres meses el ingreso de Corrientes al Programa Federal de Desendeudamiento, fue el largo proceso de negociación que llevaron adelante los funcionarios del Ministerio de Hacienda local y los del Ministerio de Economía nacional, por los cinco juicios que Corrientes mantenía contra la Nación en reclamo de fondos adeudados.

Era uno de los “requisitos claves” que establecía el Artículo 10 del Decreto Nº660/2010 que creó el Programa el 10 de mayo pasado: “propender a solucionar los conflictos planteados judicialmente entre las partes”, señala la citada norma.

Para Corrientes, ahora todo eso pasó a la historia luego de que el martes la presidente Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Ricardo Colombi firmaron el convenio bilateral. La Provincia refinanció así unos $1.700 millones de deudas con vencimiento en 2030, en cuotas iguales de $8 millones mensuales y a una tasa fija del 6% anual.

Pero mucho antes de firmar el “Acuerdo Marco”, el Gobernador había dicho varias veces que la Provincia iba a renunciar a “cuatro de las cinco” demandas judiciales que tenía contra el Gobierno nacional.

Ricardo Colombi también dijo que al único caso que Corrientes no iba a claudicar era por los $100 millones que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) le debía al Instituto de Previsión Social de Corrientes (IPS).

Esta acreencia que le correspondía a la Caja previsional correntina, se originó porque durante mucho tiempo la ANSES no le transfirió los fondos que le correspondían para financiar su déficit.

Finalmente, Corrientes y Nación llegaron a un acuerdo “extrajudicial” por este caso. La ANSES reconoció su deuda de $100 millones con el IPS. Corrientes renunció a ese juicio, pero no perdió el derecho a esa acreencia.

A partir de ese acuerdo “administrativo”, el Gobierno nacional se comprometió a devolverle a Corrientes esa acreencia; pero los $100 millones “se imputaron al pago del capital”, del total de los pasivos que finalmente fueron refinanciados.

De este modo, los $100 millones fueron descontados del monto original de $1.827 millones que el Estado central le reestructuró a Corrientes. En definitiva, a la Provincia se le achicó el paquete de deuda a refinanciar hasta el 2030.

Finalmente, y sumado a otros descuentos que la Nación le practicó al capital de pasivos, la Provincia terminó acordando un paquete de $1.700 millones a refinanciado.

Si antes del acuerdo era la ANSES el que le debía al IPS, ahora es el Ejecutivo provincial y su Tesoro el que deberá reponerle esos $100 millones al IPS; y que fueron recuperados gracias al Programa Federal de Desendeudamiento.

Antes de que se cerrara el acuerdo, Ricardo Colombi dijo en innumerables oportunidades que quería recuperar ese monto porque le pertenecía “a los jubilados”, y por eso debían volver al IPS.

“Es difícil renunciar a estos fondos, porque representan plata contante y sonante que necesitamos para el funcionamiento de la Caja previsional”, dijo el Gobernador el 31 de julio pasado. “De las cinco causas judiciales, hay cuatro que se podían desistir. La demanda contra la ANSES, lisa y llanamente no. Las otras pueden ser negociables”, agregó un día más tarde, el 1 de agosto.

En tiempos en que se debatía en la Legislatura el 82% móvil para los jubilados y pensionados, el Mandatario y sus funcionarios decían que el IPS tiene un equilibrio financiero delicado.

También que la Caja previsional sostiene a sectores de activos y pasivos que son deficitarios, y que cualquier modificación al régimen jubilatorio le iba a “profundizar el rojo financiero” del IPS.

Ahora, el Ejecutivo provincial es el principal deudor del Instituto de Previsión Social. A los $300 millones que ya le debía, que se fueron acumulando a lo largo de los últimos años porque el Tesoro Provincial no le giró los fondos que debía, ahora se le suman los $100 millones -ex deuda de la ANSES con el IPS- que hace unos días redujo el paquete de deuda que le refinanció la Nación.

A partir del acuerdo de Desendeudamiento y en esta nueva etapa que iniciará la economía pública, será la Administración de Ricardo Colombi la que deberá determinar “los mecanismos” por los cuales le devolverá los fondos a la Caja que administra la plata de los trabajadores y paga el salario de los jubilados provinciales.

“La Provincia es la gran deudora de la Caja”

Algunos bloques legislativos, sobre todo los que impulsaban el proyecto del “82% móvil en base a los 120 mejores sueldos”, están conversando con los centros de jubilados y los gremios estatales para acordar una estrategia y reclamarle al Ejecutivo provincial que le pague los $400 millones que ahora le debe al IPS.

“La Provincia pasó a ser la gran deudora del la Caja provisional”, dijo a “época” el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Luis Badaracco. Detalló que “a los $300 millones que ya le debía -por retraso en los pagos de aportes corrientes, por la ley de jubilaciones especial de policías y empleados bancarios-, ahora se le suman los $100 millones que se hizo cargo luego de acordar el Desendeudamiento. Es hora de que el Ejecutivo comience a devolverle esa plata que es de los trabajadores y los jubilados”. El legislador del Partido Justicialista sostuvo que “ahora, si el IPS cae en déficit es pura responsabilidad del Gobierno”. También que si el Ejecutivo le paga los $400 millones, “la Caja podrá afrontar las cientos de deudas que tiene por juicios perdidos y podrá pagar el 82% móvil en base a los diez mejores años de sueldo”. Badaracco aseguró que “también le va a alcanzar para equiparar el mínimo jubilatorio de los jubilados municipales -$738- con el mínimo de los pasivos provinciales -$1.400-”. Agregó que su bloque comenzó “a hablar con los gremios y el Centro de Jubilados para ver qué podemos hacer desde la Legislatura con este tema”.

Para el diputado peronista, “el Gobernador ahora ya no podrá culpar a nadie más de que no tiene recursos para saldar la deuda social que la Provincia tiene con los jubilados y pensionados”.

Opinó que “con los beneficios económicos y la holgura financiera que va a traer el Desendeudamiento, va a existir dinero suficiente para pagar el 82% móvil y un mismo piso salarial para los pasivos provinciales y municipales. Ya no puede haber más jubilados de primera y otros de segunda”, sostuvo.

“No quedé satisfecho por el acuerdo con la ANSES”

“Para nada quedé satisfecho con el acuerdo que logramos por la deuda con el acuerdo con la ANSES. Tratamos de hacer lo mejor posible, pero no es lo que yo esperaba”, respondió sorpresivamente ayer el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres.

Sin titubear, el titular de Economía local manifestó su descontento por el acuerdo “extrajudicial” al que llegó Corrientes con Nación por los $100 millones de acreencias. Algo paradójico, ya que él fue el principal negociador del Desendeudamiento.

Vaz Torres señaló que prefería que esa plata hubiese llegado al IPS, “porque es lo que corresponde. Pero bueno, es lo que pudimos lograr en esta instancia”, se resignó el funcionario.

Reconoció que “no habrá desembolso de parte de la ANSES” a la Caja previsional correntina, y que será el Tesoro de la Provincia el que se deberá hacer cargo de los $100 millones. “Ya veremos cómo lo llevamos a la práctica”, comentó ayer el Ministro de Hacienda a Radio Sudamericana.

A través de las negociaciones, Chaco y Córdoba lograron que la ANSES le reconozca sus acreencias y que le gire el dinero “constante y sonante” a sus cajas previsionales. Corrientes no lo consiguió, y ahora será el Ejecutivo provincial el que deberá responder por esos $100 millones que le pertenecen al IPS.