Allí por junio del 2010, un equipo de OPI se entrevistó con el Subsecretario de Medio ambiente en zona norte Omar Fernández, quien nos facilitó acceso a un material invalorable, mediciones, mapas satelitales, cartografía, actualización inmediata de localización de pozos, etc y durante más de 2 horas y media nos expusieron a través de un trabajo en power point los trabajos efectuados, lo que se consiguió, lo que faltaba hacer y aquel pasivo ambiental histórico que está lejos de ser remediado por alguna de las operadoras que perfora en la zona, recalcando, en todo momento, la mayor responsabilidad de YPF por ser ésta la empresa que mayor porcentaje de producción tiene en Santa Cruz.

En aquel momento se nos indicó “YPF tiene una deuda ambiental impresionante; PAE carga con Piedra Clavada y Oxy va emparchando los incidentes”. También nos apuntaban “hay sectores en el gobierno de la provincia que no nos dan respuesta, por ejemplo Hídrica o la Subsecretaría de Medio Ambiente” y se quejaban que los informes eran “cajoneados” y uno de los mayores precursores de este ocultamiento fue el Ingeniero Francisco Anglesio, durante los 10 años que estuvo al frente de Medioambiente en Santa Cruz.

En aquella oportunidad (hace 2 años atrás) nos señalaron que había que prestar gran atención a lo que estaba ocurriendo en la cuenca austral donde “piletones abiertos permaneces sin sanear. Especialmente Petrobras, trabaja como el siglo pasado – nos indicaron desde el organismo – piletones abiertos sin sanear, barro empetrolado por todos lados, caños perforados, contaminación de napas, filtración de crudo, membranas protectoras ausentes sin aviso y todo lo que se les ocurra, lo ejecutan las empresas, en los sectores de perforación de la zona sur de Santa Cruz”, indicaron en ese momento. En aquella oportunidad, nosotros le ofrecimos a Fernández, publicar todo el material que según él, “le tabicaban” en la provincia. Esperamos, pero nunca nos llegó nada.

Hoy, en medio de la disputa del gobierno nacional con YPF, cuando arrecia una embestida para generar el campo propicio para una nueva re-estatización de la petrolera, aparece la noticia de que el gobierno prepara una demanda de 1.000 millones de pesos para aplicarle a la operadora, por incumplimiento de la Ley 3117, especulando que el pasivo ambiental puede ser aún mayor.

Sin embargo, el gobierno (tanto provincial como nacional) desconoció durante todo este tiempo la existencia de la ley general de ambiente Nº 25.675 que tiene 10 años existencia. Ahora, resulta ser que se desempolvaron viejos expedientes y aparecieron 1.700 (el 95%) de las piletas de crudo mal saneadas y 5 mil pozos inactivos, de los cuales el 80% están abandonados o en proceso de abandono, sin que la empresa haya cumplido el protocolo necesario para su remediación.

Todo esto lo hemos venido informando desde el 2004 que OPI apareció en la web, cuando no había ningún medio electrónico en la provincia (o eran escasos) y nadie se ocupaba de informar de estos temas a la comunidad. Hoy (extrañamente) la contaminación petrolera aparece como un fenómeno espontáneo surgido hace pocos meses. El problema es mucho más complejo; indudablemente habría que buscar a los responsables de medio ambiente de todos estos años y llevarlos a juicio. A los gobernadores exigirles respuestas y a los legisladores que compusieron las distintas Cámaras en los últimos 15 años preguntarles dónde estaban mientras todo esto ocurría.