Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), presidida por Leandro Despouy, señaló ahora al secretario de Ambiente y a la empresa AySA por irregularidades en las obras de saneamiento de la cuenca del río Matanza-Riachuelo.
Una de las entidades públicas que más ha estado trabajando en las últimas semanas es la Auditoría General de la Nación (AGN). Su presidente, Leandro Despouy, apuntó ahora al secretario de Ambiente de la Nación, el kirchnerista Juan José Mussi, y a la empresa estatal AySA. El reclamo ante la Justicia pide que se investigue a presuntos coresponsables de las supuestas irregularidades en las obras de saneamiento de la cuenca del río Matanza-Riachuelo.
Además, destacó la importancia de que la Corte Suprema haya apartado al magistrado federal de Quilmes, Luis Armella, del fallo que ordena depurar el curso hídrico. Esto habría sido así por un presunto vínculo entre Armella y las empresas beneficiadas por contrataciones directas. Por otro lado, Despouy interpretó que el mensaje del máximo tribunal fue que tomará "medidas contra todos aquellos que no cumplan con la sentencia".
El Auditor Genera puntualizó: "averiguamos quién tenía las facultades de control, porque hay adjudicaciones muy evidentes e insinuantes. En la última audiencia pública, el Secretario de Ambiente señaló que no había ejercido un control con una respuesta un poco evasiva sobre ese tema". Y agregó: "nosotros acreditamos que ACUMAR (la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) tenía facultades, tanto por la ley como por los convenios, de ejercer ese control". Se refiere al ente que preside Mussi y que, integrando también por funcionarios bonaerenses y porteños, se encarga de aplicar el programa integral de saneamiento ordenado por la Corte Suprema de Justicia.
Criticando nuevamente a esta entidad, Despouy continuó: "o sabía que se producía esto o tendría que saber que había un manejo tan desordenado, tan liberal de las adjudicaciones. También, por la investigación de la AGN, supimos que AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), que es la que principalmente realizó las contrataciones, tenía también la obligación de controlar", enfatizó en radio América.
Según interpreta Despouy, con el fallo que aparta a Armella, la Corte Suprema "quiso decir que todos tienen que descontaminar y, cuando surja algún obstáculo, lo va a remover". Por último, aseguró: "al mismo tiempo, está diciendo a los tres Estados y a los otros actores, como las empresas de la región: 'Señores, esto es un llamado de alerta. Si estamos dispuestos a apartar a nuestro juez, también vamos a tomar medidas contra todos aquellos que no cumplan con la sentencia'".
Como siempre, Despouy está cumpliendo con su trabajo. Y después de las discusiones con la oposición por su intento de desvinculación del puesto, sigue reclamando por lo que está dispuesto en la ley y los funcionarios no se dignan a cumplir.

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