Los planteamientos en diferentes puntos del país, con respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideran cuál es el resguardo legal que tiene un médico si se niega a realizar el procedimiento, cómo detectar si hay "casos fabricados" de embarazos por violación y de qué manera garantizar que los profesionales puedan actuar conforme a sus propias convicciones.

En General Pico, la resolución que realizaron de manera personal cada uno de los integrantes del equipo de ginecología, para optar por la "objeción de conciencia", sorprendió a la dirección del hospital pero desde el Ministerio de Salud de la provincia explicaron que igual se cumplirá con la ley. Incluso se anticipó la posibilidad que los casos sean derivados a otros centros públicos.

Fuentes hospitalarias mostraron cierta desconfianza ante la "decisión en bloque" tomada por los médicos piquenses, y no dudaron en insinuar que aquello que no se realiza en el ámbito de la salud pública puede ser derivado a la parte privada, lo cual generaría ingresos considerables.

Además, resaltaron que este tipo de comportamientos con un interés económico de fondo es comparable con la desidia sufrida en otras áreas. Y con la misma mirada de sospecha, se refirieron al tomógrafo y al servicio de diálisis.

Objeción.

En Rosario, Santa Fe, la problemática del aborto no punible ya había desembarcado en 2010. La reglamentación local, con la Ordenanza Nº 8186, sobre cuidado integral de la mujer ya planteaba la opción de interrumpir el embarazo. En ese momento, algunos médicos como el jefe del Servicio de Ginecología del Hospital de Emergencia Clemente Alvarez, Rafael Pineda, manifestó la necesidad de los profesionales de hacer uso de la "objeción de conciencia".

A principios de este año, en marzo, desde el Colegio Médico de Misiones comenzaron a pedir una legislación provincial para hacer frente al fallo de la Corte Suprema. El representante de esa institución, Luis Flores, manifestó que no había dudas acerca de cómo realizar el procedimiento de aborto o una postura sobre la decisión de cada mujer. El problema específico era la desprotección legal que temían los profesionales si se negaban a llevar a cabo la práctica.

"Que haya reglas claras", advirtió entonces Flores, en relación a la posibilidad de adherirse a la "objeción de conciencia" y, al mismo tiempo, el temor que tenían los médicos de enfrentar un juicio por parte de las pacientes.

En Córdoba hubo otros debates, porque la cantidad de solicitudes para practicar abortos no punibles llegaron a los pocos días que la Justicia argentina decidiera que no serían judicializados los casos de interrupción de embarazos que sean producto de una violación. Entonces Luis Picón Ponce, responsable de la Maternidad Provincial de Córdoba, mencionó la posible aparición de "casos fabricados". El médico comentó que había cierto recelo en cuanto a la veracidad de todas las consultas que se generasen, o sea cuestionaron si en todos los casos el origen del embarazo sería un abuso sexual.