Primero fue denunciado e imputado por supuestas irregularidades en la compra de medicamentos oncológicos a una droguería de Santiago del Estero. Luego, creyó descubrir irregularidades en la solicitud de estudios de alta complejidad por parte de dos médicos del Instituto de la Comunidad y, a juzgar por los resultados, el tiro le salió por la culata. La justicia acaba de resolver, en el marco de esa denuncia, que no existió ninguna irregularidad ni delito, por lo que Aguirre quedó a tiro de que las personas que el había denunciado, lo denuncien ante la justicia.

Justamente, ayer los fiscales que investigaron el hecho, Marcelo Sago y Juan Pablo Morales, solicitaron al juez de control de garantías el archivo de la denuncia, al no encontrar ningún delito cometido por parte de las personas denunciadas.

Días atrás, una mujer y empleada de la OSEP desmintió la denuncia presentada por Aguirre y dejó al funcionario mal parado. En efecto, Aguirre había denunciado que se utilizó el nombre de una afiliada (sin que ella sepa) para solicitar dos tomografías computadas que, en realidad, nunca se hicieron.

Pero esto fue desmentido por la propia mujer, que no sólo dijo que sabía de las órdenes para la realización de los estudios, si no que además, se los hizo.

La mujer se presentó espontáneamente ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales donde contó su versión y agregó que no se presentó antes porque tenía miedo de sufrir represalias, ya que ella es además empleada de OSEP.

Aguirre había denunciado al director y a dos profesionales médicos del mencionado centro privado de salud.