Las constantes negociaciones sin un buen final y los cambios constantes al texto original llevaron al ministro a responsabilizar a la Cámara de Diputados de frenar una normativa de estas características. “No hay voluntad de la Legislatura”, se despachó el funcionario en sus primeras apreciaciones y agregó que “no existe el consenso suficiente para aprobar aspectos centrales del proyecto de ley”, por lo que insistió en que la semana que viene se definirá si retiran la propuesta, mientras tanto permitirán que los legisladores sigan manteniendo todas las conversaciones que crean convenientes, pero sin demasiadas expectativas.

Aguilar aseguró que el tema fue discutido previamente y no es una medida que el gobierno envió al Poder Legislativo de manera inconsulta. “Este proyecto tuvo un proceso de conversación punto por punto y coma por coma, por eso sostengo que no hubo voluntad para aprobarlo. No hay voluntad de la Legislatura”.

Por decreto

Aguilar deslizó que de retirar el proyecto verán cómo instrumentar definiciones a través de decretos, sosteniendo que “con cargos libres se puede armar un mecanismo de examen para contratos que se consideren necesarios. La idea que perseguíamos con la ley era bloquear la posibilidad de designación de nuevos contratos”.

También resaltó que el caso de los becados y jornalizados se irá analizando en su momento ya que son casos de vínculos sociales que no tienen carácter de vinculación laboral.

“En todo momento lo que impulsamos fue la regularización de contratados de obra y servicio, y el punto clave era la limitación de nuevos contratos de obra. El financiamiento de esta medida y el déficit previsional son cuestiones ineludibles y se deben acordar, porque hay que pagar todas estas medidas entre el gobierno y los trabajadores”, indicó el ministro.