Esa decisión generó, durante el tratamiento en particular, que el peronismo evalúe dejar el recinto para que la sesión caiga por falta de quórum.

Minutos antes de la votación Aguilar había manifestado que “estaba en contra del proyecto pero que votaría a favor por disciplina partidaria”. En realidad, prefirió no emitir opinión, por ende no participó del debate y el bloque perdió un voto.

Si bien el oficialismo no se preocupó inmediatamente, minutos después se dieron cuenta de que podría perder la votación frente a los diputados del Frente Grande, que habían solicitado agregar un artículo para evitar que los funcionarios del Ejecutivo o quienes ocupen cargos electivos concursen para ingresar en el STJ.

El presidente del bloque peronista Ricardo Sánchez se vio en la obligación de pedir un cuarto intermedio a fin de evaluar las opciones que tenían para evitar que se incorpore esa redacción.

En ese momento, la presidenta, la diputada María Cáceres (por ausencia de Aguilar), sugirió a Sánchez abandonar el recinto, una maniobra con un alto costo político que jamás se podría explicar.

Pero Sánchez advirtió que el legislador opositor Marcelo Castelán no iba a votar ese artículo porque consideró que “el radicalismo no debía participar de esa discusión dado que reclamaba modificar la Constitución Provincial”.

Los radicales, que durante unos breves minutos sintieron que podrían asestar un golpe al PJ porque, con ese artículo, gran parte de los posibles candidatos del oficialismo no iban a poder concursar, resolvieron, siguiendo la posición de Castelán, no participar del debate en particular, más allá de que no había impedimentos, para no convalidar la ley.

¿Señales al STJ?

A la hora de analizar por qué Aguilar se abstuvo, muchos diputados del Frente Chaco Merece Más interpretaron que “esa decisión podría ser un gesto hacia el STJ, órgano que resolvería el amparo contra el edificio legislativo”.

“No queremos especular mucho con este tema, no sabemos por qué se abstuvo, nunca informó al bloque su desacuerdo. Ahora, al abstenerse, dejó en claro que no comparte la opinión del gobernador sobre los concursos para acceder al STJ”, declaró un diputado.

Muchos candidatos

Oficialmente el PJ no informó por qué rechazaron la propuesta del Frente Grande, pero extraoficialmente reconocieron que al menos dos o tres diputados de su bloque podrían presentarse a un concurso para acceder al STJ. Algo que también pudo motivar a Castelán, pero la UCR negó rotundamente que “el legislador haya analizado una posible postulación al cargo a la hora de resolver si votaba el artículo propuesto”.

Un concurso con tres etapas

Por otra parte, Sánchez detalló que la norma sancionada permitiría que los postulantes a ministros del STJ rindan concursos de antecedentes y oposición, un avance a la hora de transparentar las instituciones.

“Los concursos constarán de tres partes. En la primera etapa los concursantes deberán presentar sus antecedentes, que estarán tabulados; es decir, la norma establece cuántos puntos corresponden por desempeñarse como juez, funcionario de organismos como Tesorería, Contaduría, Fiscalía de Investigaciones Administrativas o Tribunal de Cuentas, el puntaje por desempeñarse como abogado, entre otros”, comentó.

“Para aprobar esta primera etapa los postulantes deberán obtener al menos 50 puntos de los 100 que están en juego. Luego vendrá la segunda parte, que reparte otros 100 puntos, que consta de tres exámenes; es decir, lo que se corresponde con la oposición”, mencionó.

“El postulante deberá exponer sobre las cuatro ramas del derecho pudiendo elegir una para iniciar su presentación; pero deberá sacar dos bolillas con los temas de los que expondrá. Luego deberá responder sobre el resto de los fueros”, dijo.

“Más tarde, el Consejo de la Magistratura evaluará las capacidades de los concursantes para gobernar el Poder Judicial, dado que en parte el STJ debe impartir órdenes a los magistrados, funcionarios y empleados”, señaló.

“El último examen será una entrevista en la que podrán evaluarse las convicciones personales y la posición que adoptará si se le presenta un caso de aborto o de tenencia de una planta de marihuana, entre otras posibilidades”, aclaró.

“El tercer tramo es la audiencia pública que se desarrollará de acuerdo con la norma provincial. Serán similares a las que se desarrollaron para elegir al fiscal de Investigaciones Administrativas”, determinó.

“Finalmente, el Consejo de la Magistratura elegirá a un candidato entre los postulantes que sacaron más de 100 puntos entre las dos etapas y pasaron por el filtro de la audiencia pública”, manifestó.