Mientras los vecinos de San Luis del Palmar no cesan en su reclamo por la normalización del suministro de agua potable en la localidad, a mediados de la semana pasada se informó sobre una reunión a la que fue citado el interventor del Ente Regulador del Agua en Diputados, a fin de analizar el estado del servicio en la Comuna. La convocatoria llegó de parte de la Comisión de Derechos Humanos. No obstante aún no existen novedades concretas sobre alguna salida al problema que preocupa por la llegada del calor.

En la localidad asoma nuevamente el fantasma de los cortes prolongados en el suministro, que el año pasado incluso derivó en manifestaciones de los pobladores hasta en la Capital correntina.

La Comuna, que con la caída de la personería jurídica de la Asusan -ocurrida por decreto del Ejecutivo en 2008- estimaba que la alternativa de concesión del servicio a Aguas de Corrientes se daría con inmediatez, nuevamente ve dilatada la cuestión. Al ser consultado el intendente Vicente Romero dijo a EL LIBERTADOR que aún se ve lejana una salida definitiva al conflicto.

Por información extraoficial se supo que habrían designado liquidador de activos y pasivos para disolver definitivamente la Asociación de Usuarios de San Luis (Asusan). Según informó Romero, la realidad es que hasta que no se dé la liquidación, no puede avanzar.

"Se debe establecer de quién son las cisternas, tanques, terrenos, piletas de tratamientos, etc", dijo haciendo mención a los bienes que 20 años atrás fueron adquiridos por los propios vecinos socios de la entidad en vías de disolución. Sobre todo recalcó que existe una deuda, que data del año en que se instala la intervención a Asusan, que ascendería a unos 30 millones de pesos a Aguas de Corrientes , "de la que nadie quiere hacerse cargo", responsabilidad que le corresponde al Estado provincial.

"Una de las vías de solución es la concesión a Aguas de Corrientes, pero la empresa quiere recibir todo saneado y sin deudas, esto implicaría una inversión, además de lo adeudado, que va de dos a tres millones de pesos para comprar e instalar micromedidores, red, válvulas de retenciones, etc", señaló y agregó que la segunda alternativa es que la localidad conforme una cooperativa. "Sino seguiremos como hasta ahora. La empresa le venderá al Estado agua en bloques y seguirán los cortes, los problemas sin solución", vaticinó Romero.