Si hay algún tipo de experiencias negativas contra los intereses rionegrinos en materias tan sensibles como el agua y la tierra –elementos decisivos para su desarrollo económico y social-, son los resultados adversos provocados durante la vigencia de los gobiernos militares sucedidos en los periodos 1966-1973 y 1976-1983.
El segundo de esos interregnos, fue la reunión de gobernadores de octubre de 1976, donde asistieron los representantes de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires. Allí los representantes del poder de facto, y a espaldas de la voluntad del pueblo rionegrino, dejaron sentado el nefasto precedente de una eventual derivación de aguas del Negro a otra cuenca, como la del río Colorado.
Esta última cuestión a sufrido una nueva reactualización a partir de la llegada a Patagones del ministro de Asuntos Agrarios de Buenos Aires, quien sorprendió acerca de la realización de dos proyectos de riego experimental de 5 mil hectáreas cada uno en el partido de Patagones con aguas del Negro y en Villarino utilizando aguas del Colorado. Se ignora que Río Negro en su carácter de condómino del recurso hídrico mencionado, haya autorizado a través de la AIC o el COIRCO la toma de caudales, planteo que deberán responder las autoridades rionegrinas especialmente en los niveles de conducción del Departamento Provincial de Aguas.
Además, en forma “casual”, técnicos de la zona de CORFO volvieron a replantear las necesidades de la región de avanzar sobre el trasvasamiento alentando la idea de succionar el río Negro en beneficio de áreas geográficas ajenas a la cuenca.
Se vuelve a revalorizar un viejo proyecto elaborado por el Ing. Domingo Pronsatto, ya fallecido, que propuso construir un canal de 84 kilómetros de recorrido desde Melicurá, sobre el Colorado, para llevar agua a unas 150 mil hectáreas de secano en el partido de Villarino y zonas adyacentes de La Pampa, y si fuere necesario, agua potable a Bahía Blanca.
Más allá de toda especulación jurídica y el carácter anti constitucional de la medida, hay un problema de fondo para Río Negro, porque el peso político de Buenos Aires y Mendoza anticipan un presente y futuro inquietante sobre los recursos hídricos.
Están fuera de toda duda que no está finalizado el estudio integral del Negro y está la imposibilidad de trasvasar volúmenes hídricos, porque en la provincia hay mas tierra para incorporar al regadío y otros usos, que existencia de agua. Además existen un conjunto de razones legales de peso que avalan la posición de Río Negro.
Pero, si la experiencia histórica sirve de algo, hay poderosos intereses que alimentan el transporte de las aguas y ya hubo un despojo de tremenda magnitud hace mas de 50 años por el inconsulto aprovechamiento de las aguas del Salado por Mendoza, que desertificó vastas zonas prósperas de La Pampa.
PETROLEO: LA ACERTADA DECISIÓN DE NO RENEGOCIAR CONTRATOS CON LAS EMPRESAS
La decisión del Frente para la Victoria, primero con Carlos Soria y luego con Alberto Weretilneck, de no arreglar con las petroleras una rápida renovación de los contratos petroleros –como pretendió hacerlo el año pasado el ex gobernador Miguel Saiz- resultó más que acertada a partir de la nueva etapa que se abre –casi refundacional- con la nacionalización de una mayoría de acciones de YPF, que estaban en manos de Repsol.
El hecho que los gobernadores de las provincias petroleras en los últimos meses pusieran la lupa sobre el cumplimiento o no de los contratos vigentes con YPF y, en algunos casos, los hicieran caer, marca que el gobierno nacional ya les había anticipado que se venía una decisión estructural para que el Estado, no los privados, manejara la política hidrocarburífera o energética en general.
Con la casi segura aprobación legislativa el próximo miércoles de esta ley de expropiación del 51% de acciones que posee Repsol en YPF, las provincias y la Nación deberán acometer la no fácil tarea de reactivar los pozos en producción, apurar las tareas exploratorias y sumar inversiones de otras petroleras para reducir progresivamente las importaciones actuales de hidrocarburos y llegar al autoabastecimiento.
Y prepararse para la explotación shaile-oil donde Argentina –y especialmente en la cuenca neuquina (que ingresa a Río Negro)- en principio aparece como el tercer país a nivel mundial en reservas después de Rusia y China.
Sabemos que el gobierno de Alberto Weretilneck tiene en el petróleo y la minería las mayores expectativas para poder incrementar los ingresos provinciales y reactivar los desarrollos regionales, y hacia allí tiene que encaminarse decididamente.
Con una YPF con mayoría estatal, y en esa mayoría casi la mitad en manos de las provincias que integran la OFHEPI –Río Negro por su producción podría tener el 6% de las acciones-, Weretilneck tiene expectativa no sólo en que se incrementen las regalías sino en el plus de las ganancias que vaya obteniendo la empresa.
Hay que recordar que YPF con Repsol invirtió muy poco durante el 2011 y los pozos fueron cayendo en su producción, pero las ganancias seguían siendo extraordinarias.
Habrá una transición donde YPF tendrá que reacomodarse, pero obviamente las perspectivas de mediano y largo plazo son muy favorables para el país y obviamente para provincias todavía no estrictamente petroleras pero con petróleo como Río Negro.
LA LEGISLATURA PROVINCIAL DEFINE AL DEFENSOR DEL PUEBLO
Dicen que en los renacentistas pasillos del Vaticano, sobre todo en los períodos previos a la consagración del máximo pontífice católico, siempre anticipan “que quien ingresa al cónclave como Papa, sale cardenal”.
Y esa preocupación tan sabia como milenaria suele cumplirse con llamativa regularidad en el ámbito de esa ciencia tan inexacta como la política, donde los imponderables y las imprevisiones o los resultados fuera de cálculo están a la orden del día.
Salvando las siderales distancias, algo así puede estar por acontecer en estos módicos pagos rionegrinos con la elección del nuevo Defensor del Pueblo y su adjunto, teniendo en cuenta los antecedentes que vienen configurando el impreciso desenlace de este acontecimiento.
La definición que adoptará el plenario legislativo el próximo día 26 deberá optar entre una decena de aspirantes, que en su gran mayoría sólo aportan prestigios o un rol meramente testimonial sin abrigar mayores chances para la instancia definitiva.
La sesión no adquiere la significación que pudo tener la reciente designación de los vocales del Superior de Justicia aunque alguna relación podría establecerse entre alguno y otro acontecimiento, esto en virtud de las negociaciones de los sectores políticos en el Concejo de la Magistratura y la posibilidad de aumentar en dos miembros mas los componentes del alto cuerpo tribunalicio.
También tiene una importancia intrínseca porque el Defensor y su acompañante representan un órgano de contralor externo que ha ganado un lugar en la opinión pública. Y es un hecho político donde se juegan cuestiones de poder que repercuten en el partido oficialista, en el gobierno y en la oposición, que también busca a veces desesperadamente un lugar bajo el sol, aunque sea minúsculo, ante la abrumadora mayoría que el FpV ostenta en el parlamento, las jefaturas municipales y los Concejos Deliberantes.
No es aventurado afirmar que los principales planos del gobierno provincial hayan llegado a la conclusión que después de la integración del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas con dirigentes plenamente comprometidos con el justicialismo, ha llegado la hora del equilibrio, y concretar algún gesto para quebrar el monocolor reinante, actitud que se ha interpretado como toda una discrecionalidad en los órganos de control.
El gobernador Alberto Weretilneck habría sugerido la necesidad de poner en marcha una alternativa de esta índole, y orientar la búsqueda de un candidato independiente, o no tan comprometido con la estructura gubernamental o partidaria.
Además, cualquiera sea la resolución final –según esas instrucciones-, habría que eliminar todo riesgo innecesario que pueda provocar artificialmente diferencias en el bloque de legisladores, evitando que tengan que optar por uno u otro postulante y haya que lamentar después secuelas no queridas.
La recomendación principal es consagrar un candidato con aptitudes y calidades para concitar un generalizado consenso.
Se conoce que en la bancada peronista reparten sus preferencias Gustavo Casas, Miguel Ciliberto y Fabián Rojas, cuyas acciones se estaban capitalizando aceleradamente este último fin de semana de la mano del vice gobernador Carlos Peralta, que tampoco ha dejado en la estacada al actual defensor interino.
A este cuadro político se le ha sumado la figura del médico sanitarista Carlos Reussi Braga, de destacada actuación en la comisión de labor parlamentaria, definiendo el perfil del Defensor del Pueblo desde una óptica eminentemente humanística y social.
También recibieron elogios las disertaciones de Nadina Díaz, Claudia Peter y Noemí Durante, que no alcanzarían a superar la instancia definitiva por las exigencias políticas que plantea el momento.
También debe tenerse en cuenta al titular del bloque de la UCR – Concertación, Bautista Mendioroz, que si bien está empeñado en conducir la representación parlamentaria hacia un sendero crítico, sabe cuales son los límites para no clausurar ninguna instancia negociadora.
Mendioroz tampoco estuvo ajeno a este proceso, y viene impulsando para ocupar las funciones de adjunto al ex legislador Adrián Torres, destacando como sus mayores atributos su experiencia política y parlamentaria.
Por estos grandes trazos, discurren las febriles negociaciones que se realizan por estas horas donde nadie tiene garantizado el resultado final, porque cuesta culminar la arquitectura definitiva que armonice tan variados intereses y posicionamientos.
Y recordando aquella especie de máxima acuñada por los expertos vaticanologos, cuando los candidatos ingresen a la legislatura –todos sin excepción- deben tener en cuenta que quien lo haga confiado en que va por lana, pueda salir trasquilado, ese día D, jueves 26 que se encuentra allí nomás, a la vuelta de la esquina.
ANUNCIOS DE WERETILNECK APUNTAN A LA RECONCILIACION CON VIEDMA
Un conjunto de factores, imputables a medidas, acciones, actitudes, etc., imputadas con mayor o menor precisión a las distintas esferas del poder de la actual administración contribuyeron a construir un clima de disconformidad y tensiones en sectores representativos de la ciudad capital, y el gobierno que asumió el 10 de diciembre último.
No se trata de un “casus – belli”, sino de un malhumor despertado por la razón de que todo cambio genera en principios resistencias en un lugar donde la mayoría de los ingresos provienen de los empleados públicos y los recursos gubernamentales en general.
Y, donde el valor seguridad está ubicado en la cúspide de las preocupaciones cotidianas.
En este contexto se puede incluir en una rápida enumeración imprudentes anuncios sobre descentralización de organismos oficiales al interior –acciones que se asimilan rápidamente al fantasma del desarraigo-, ley de disponibilidad, finalización de contratos y becas, demora en pago a proveedores y hasta denuncias de mal trato inferidas por algunos funcionarios a empleados provinciales.
El gobernador quien percibe el clima reinante aunque puede no compartir todos los cuestionamientos, estaría decidido a protagonizar y conducir personalmente una tarea de acercamiento de su administración a Viedma en su conjunto, tomando como punto de partida al 233º aniversario de su fundación.
Se descuenta el anticipo de apoyo para la financiación de obras de mediana envergadura –la obra del canal Montenegro, continuación de la costanera norte, obras de agua, luz y cloacas para los barrios mas necesitados entre otras-, como un primer paso para avanzar luego en otros gestos similares algunos de los cuales ya habría anticipado al intendente a cargo José L. Foulkes en días recientes.
Weretilneck ha conversado mucho la cuestión de Viedma entre otros dirigentes con el jefe del bloque del FpV, Pedro Pesatti y el senador Miguel Pichetto, especialmente en lo referido a la culminación de las obras de la sede central de la UNRN en las cercanías del Puente Ferrocarretero y sobre con el proyecto de la ruta de circunvalación cuyo financiamiento se gestiona en el orden nacional.
También se están intercambiando ideas para trabajar en forma conjunta con sectores de la producción tanto en las áreas de regadío en el IDEVI como en el secano, donde lanzó la idea, conjuntamente con el ministro de la Producción Juan M. Pichetto, de poner en funcionamiento mesas sobre programas concretos, con la participación de productores para elaborar proyectos y obtener financiamiento extra provincial.
Si estas intenciones de Weretilneck siguen adelante se estará ante un hecho promisorio, y es de esperar que sea imitado por funcionarios de su elenco, algunos de los cuales están en deuda con la ciudad que tiene una antigua tradición de hospitalidad y que siempre ha recibido muy bien los gobiernos de los distintos signos partidarios.
¿QUIEN, COMO Y CON QUE CRITERIOS MANEJA LA PUBLICIDAD LA EMPRESA INVAP?
INVAP, es una de las más prestigiosas empresas propiedad del estado rionegrino, y seguramente la que satisface el ego de los comprovincianos cuando se enteran de sus logros en el nivel técnico y científico, compitiendo con renovados éxitos en el mundo.
¿Quién no siente un profundo y legítimo orgullo cuando INVAP gana licitaciones para fabricar, por ejemplo reactores nucleares imponiéndose en calidad y precio a países como EE.UU., Inglaterra o Alemania?
Pero porque su conducción está en Buenos Aires y bastante distante en todo sentido de la sociedad rionegrina, parece girar en una órbita distinta a los demás organismos oficiales.
Ya sea por lo específico de sus funciones y objetivos, o porque han faltado políticas que impusieran una mayor relación con el estado al cual se deben, y especialmente su personal jerárquico tanto en la Capital Federal como la delegación que posee en Bariloche.
Se puede presumir que el nivel de conducción de INVAP no se informa adecuadamente de las noticias o anuncios del gobierno rionegrino, sobre todo lo referido a la centralización de la publicidad oficial de carácter institucional y los nuevos criterios de distribución de las pautas de avisos en vigencia.
Llama la atención que esto ocurre con decisiones adoptadas por el área de la Secretaría General de la Gobernación, organismo del cual dependen INVAP, y que centraliza en forma exclusiva la publicidad oficial.
El motivo de esta inquietud, radica en el hecho, de que en alguna publicación escrita de gran tirada, editada en el territorio provincial están apareciendo avisos institucionales de INVAP, práctica que también se reiteró durante todo el transcurso del año anterior.
¿Los funcionarios del INVAP tienen total autonomía de funcionamiento? ¿Contribuyen estas actitudes, presuntamente unilaterales, a ordenar la relación entre el estado y los medios?
Este tipo de discrecionalidad, si es que así se pueden calificar, también se pudo observar antes y ahora, en cuanto a los compromisos publicitarios del INVAP con medios locales de Bariloche, actitud que se desconoce en los medios periodísticos que funcionan en otras regiones y ciudades de la provincia.
Es de esperar que las autoridad provinciales tomen nota de esta anomalía, para que la publicidad con orígenes en una empresa del estado –como en este caso- se distribuyan con mayor equidad, teniendo en cuenta el principio de igualdad de oportunidades, y no el capricho o la práctica del amiguismo, o la dispensa de favores mal entendidos. (APP)





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