Se trata de un nivel de fuga del líquido extremadamente alto si se estima que se distribuyen en la ciudad un promedio de unos 20 millones de litros diarios -con picos que alcanzan los 43 millones en verano. Con ese porcentaje de pérdidas los usuarios reciben solo 12,4 millones y se pierden nada menos que 7,6 millones de litros por día, en promedio.

A simple vista se pueden visualizar unas 200 pérdidas en la ciudad pero la mayoría no aflora a la superficie y son invisibles. Este fenómeno, ha sido dicho ya en estas páginas, es el que podría estar ocasionando los problemas de anegamiento en los subsuelos de la Ciudad Judicial, como también en otros edificios que están en construcción en donde en los últimos tiempos se ha vuelto necesario desagotar los sótanos.

Inacción.

Las sucesivas administraciones municipales poco o nada han hecho a la hora de proponerse un plan sistemático de trabajos para detener las fugas del sistema de cañerías subterráneas que comprenden la red de conducción y distribución del agua potable. La razón hay que buscarla en que nunca parecieron preocuparse por las consecuencias económicas, pues se consideraba que el agua era un bien "abundante" y "barato" y que resultaba más conveniente soportar esas pérdidas que afrontar el "gasto" de repararlas.

Pero, en los últimos años, con el aporte del acueducto del río Colorado las cosas cambiaron. El hecho de tener que pagar un elevado monto de dinero por el suministro proveniente de esa fuente y, además, tener en funcionamiento más de 70 perforaciones en el acuífero Santa Rosa-Anguil, está ocasionando al Municipio un gasto enorme. En este panorama, los casi 8 millones de litros diarios que, en promedio, se pierden en Santa Rosa constituyen para el tesoro público una suma enorme de recursos económicos que, literalmente, se "tiran a la basura". Pero además, constituye también un desequilibrio ecológico-económico importante en tiempos en que está en discusión -justificadamente- el cuidado del agua para su uso doméstico, agropecuario, industrial o minero.

Las excusas.

Este nivel de pérdidas que sufre desde hace tanto tiempo la capital pampeana alcanzaría para que unas 30.000 personas pudieran abastecerse de agua potable diariamente. Ese enorme volumen alcanzaría además para los requerimientos de una industria como FIASA, cuya radicación fue rechazada, justamente, con el argumento de que iba a consumir "mucha" agua.

La excusa más frecuente detrás de la cual se esconden los funcionarios municipales cuando son consultados para que den explicaciones sobre estas cuantiosas pérdidas de agua -y de dinero- es el de la "antigüedad de la red". Con esa explicación parecen quedarse satisfechos y piensan que así justifican su inacción. Pero, como dice un especialista en el tema: "si eso fuera así qué quedaría para ciudades mucho más antiguas que Santa Rosa como Córdoba, Tucumán o Buenos Aires, entre tantas otras".

Lo real es que el problema sigue sucediendo y por el momento nada se sabe de que el municipio haya comenzado con un plan sistemático para terminar con él. Aunque también es cierto que esta administración municipal hace apenas dos meses que asumió y se encontró con una grave situación sin resolver que es producto de gestiones anteriores (si bien la mayoría lo fueron del mismo partido que el actual intendente).

¿Perder la concesión?

Para una ciudad como Santa Rosa, de modestas dimensiones e inserta en una región semiárida, con pocos recursos de agua, es inexplicable que este problema no haya sido atendido oportunamente y hoy esté alcanzando la proporción que tiene sin despertar demasiada preocupación en los gobernantes. Al agua hay que usarla racionalmente, cuidarla al máximo y no debería haber excusas ante semejante nivel de pérdidas.

Pero si no bastara con las consecuencias ambientales y económicas, también están las legales. El nuevo código hídrico, que ya está en vigencia en nuestra provincia, contempla en su articulado la quita de la concesión del servicio de distribución del agua potable para los que incumplen las normativas estipuladas, entre ellas el uso eficiente del recurso. Por lo tanto, si el problema no se soluciona, la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, podría estar en condiciones de sancionar o de quitarle la prestación del servicio a la municipalidad santarroseña que es el concesionario. El Estado provincial, como poder concedente del servicio, es el responsable de velar por la salud de los recursos y de hacer cumplir la ley. Por lo tanto, como puede apreciarse, el municipio está en falta y no debería demorar demasiado en mejorar, y mucho, el sistema para evitar afrontar consecuencias legales.