La provisión de agua potable es un problema político. En Rafaela y en cualquier lugar. Como que es un derecho humano lo que media, sería inmoral especular políticamente con la insatisfacción de la gente. En cambio, es legítima, de pleno derecho, la protesta respecto de la calidad del servicio por parte del usuario, y, asimismo, obligación natural de la autoridad respaldar el reclamo y accionar en paralelo en procura de la solución que, indudablemente, debe resultar de decisiones políticas.

En Rafaela, el actual cuadro de situación respecto del servicio, crítico en gran parte de la ciudad, no es una novedad. Se reitera desde hace años y ha venido acentuándose en la medida del incremento de la demanda, por la simple razón de que somos más en número de habitantes y es también mayor la exigencia que conlleva el desarrollo de la actividad general en distintos órdenes.

De manera que, por conocido y padecido, el panorama de la temporada estival en tránsito, no debería dar lugar a la ritualidad que, pasado el calor y sus efectos en el ánimo de la gente, entrará en estado de hibernación hasta su próximo retoñar. Es el menudeo en política, el corto y bajo vuelo de la perdiz, en grado apreciable la causa de un derrotero deficitario que se agrava imparable con el paso de los días. En todo esto ha faltado, no caben dudas, altura política para enfrentar la problemática, es decir, la determinación de las autoridades de asumirla como razón de Estado de primerísimo orden, comprometidas de fondo con la ciudad por sobre cualquier otro factor en juego.

Fue una política de Estado la que dio origen a Obras Sanitarias de la Nación (OSN), creada en 1912 y disuelta en los años ’90. El agua potable era razón de ser del organismo, considerada esencial a los fines de la protección de la salud pública. Rafaela se incorporó concretamente a los beneficios de la legislación establecida, de alcance nacional, a principios de 1937, al habilitarse el servicio a cargo de Obras. Décadas después, la empresa llevaría a cabo la obra del acueducto tendido desde Esperanza, actualmente, y a más de treinta años de su construcción, única vía de provisión de agua a la ciudad, cada vez más acotada por lo expuesto al principio.

Mucho tuvo que ver en la historia del acueducto la participación popular en apoyo a la iniciativa cuyo objetivo se alcanzaría finalmente. Importa destacar este acompañamiento colectivo porque el espíritu demostrado entonces fue lo que faltó en el prolongado período posterior, caracterizado por la desidia que predominó.. Habilitada la obra quizás se pensó en la superación del problema, no obstante que el sentido común indicara que la cuestión de fondo continuaría gravitando a futuro a medida que la ciudad creciera. La ausencia de seguimiento en este orden por parte de los directamente responsables, en primer lugar, y la fallida, en todo aspecto, década de la privatización, después, condujeron al duro e inquietante presente, abierto a sombríos interrogantes.

Es claro que son necesarias respuestas válidas en lo inmediato. La construcción del nuevo acueducto está sujeta a variables que condicionarán su avance –principalmente vinculadas con la financiación de la obra y la crisis económica instalada ya a nivel nacional, como lo evidencian sucesos de estos días--, por lo que, en el mejor de los casos, llevará años su concreción. Entre tanto se imponen medidas que, básicamente, posibiliten un mejor y más equitativo aprovechamiento de la disponibilidad de agua del sistema. Marco sugerido en el que deberá tener cabida un plan de contingencia, conforme las acciones a que obligaría una interrupción del suministro, cosa no deseable pero posible.

El acuciante problema exige decisiones políticas acordes a la magnitud de lo que está en juego: la ciudad y su gente. La autoridad municipal no puede ignorarlo. La ciudadanía y las entidades representativas de distintos sectores deben asumir la realidad en todos sus términos.