-según planteó el intendente Di Pierro el viernes, no sólo para consumo humano sino también para recuperación secundaria- como por el reclamo para contar con una actitud socialmente responsable de las compañías ante necesidades puntuales de la región, significa una oportunidad especial para que la ciudad y la provincia fijen un marco normativo específico para canalizar aquellas expectativas. Al mismo tiempo, resulta indispensable determinar con claridad cuáles son las responsabilidades que caben a cada sector, a fin de verificar el estricto cumplimiento de las mismas.

¿Qué implica la responsabilidad social de las empresas? El concepto suele formar parte de los foros de discusión petrolera, preocupadas por vincularse a acciones de desarrollo de las regiones en las cuales desempeñan su actividad.

Un viejo axioma de la relativamente joven disciplina reza: “Lo que dices es muy bueno, pero lo que haces provoca tanto ruido, que no me deja escuchar lo que dices”.

Preocupadas no sólo por mejorar su imagen o por actuar en el marco de acciones sociales, sino también porque la R.S.E reporta calificaciones que hacen a las evoluciones bursátiles, las compañías suelen dedicar tiempo y esfuerzo a estos programas, aunque la efectividad de su impacto sea relativa, sobre todo cuando no se refleja en los escenarios que muestran los problemas más graves de cada región.

Sin ir más lejos, la grave problemática que tiene la ciudad petrolera con los pozos abandonados sin el sellado de seguridad que marca la Resolución 96/95, que priva al ejido urbano de incorporar tierras que hoy necesita de forma urgente para dar respuesta a la gran demanda existente, no forma parte de una agenda de prioridades. No lo es, principalmente, porque se requeriría una inversión cercana a los 200 millones de dólares para proceder al sellado de los miles de pozos remanentes de la época de la Y.P.F. estatal, de cuyo pasivo nadie quiere -ni tampoco se les reclama con firmeza- hacerse cargo. En la idea de “nadie” habría que integrar a Nación y a la actual YPF, además de otras operadoras que pudieran operar áreas en cuyos ámbitos han quedado pozos mal sellados. Dicha acción, por caso, sería no sólo socialmente responsable, sino ambientalmente exigible, una vez dirimida la cuestión legal de a quién le corresponde afrontar el pago.

La clave, en todo caso, para evitar que la responsabilidad social dependa de la discrecionalidad empresaria, estaría dada por el hecho de que sea el poder político el que determine en qué campos deberían ejercerse aquellas acciones. Pero en este plano habría también que evitar cualquier viso de discrecionalidad, ya que de lo contrario se termina dependiendo de acciones “voluntaristas” de un lado, o de posiciones personales de quien ejerza el poder de turno, por el otro, determinando en tal caso un marco normativo que evite cualquier tipo de malentendidos o “desilusiones”.

En definitiva, dichas acciones y comportamientos deberían quedar claramente plasmados en una ley de alcance provincial, como la que se propicia hoy para regular las concesiones petroleras, estableciendo los criterios de sustentabilidad económica y ambiental para el desarrollo de la actividad. Tal como la naturaleza del escorpión es picar, las corporaciones petroleras buscan ganar dinero, maximizando sus rentas con el menor costo posible. No parece políticamente acertado esperar a que actúen por voluntad propia, si no se hace antes desde un marco legal específico y claro. En 2007, por ejemplo, hubo oportunidad para fijar algunos de estos aspectos en el convenio de renegociación de concesión de Cerro Dragón a manos de PAE, el que sin embargo hoy se postula como pasible de ser revisado, precisamente por carecer de aquellos mecanismos para asegurar una mejor participación de la renta -de eso se trata, en definitiva-, para la región. Un convenio que, en su momento, tuvo fuertes críticas desde diversos sectores, pero que sin embargo no fueron atendidas por quienes integraban el anterior gobierno.

Delimitación de responsabilidades

Por otro lado, tratándose de las bombas para extraer más agua de los acuíferos de Manantiales Behr y El Trébol, quedó claro que es el Estado provincial el que tenía la obligación de haber mantenido -y al parecer no lo hizo en los últimos años- aquellos equipos. Si es así, entonces la provincia no le estaría haciendo un “favor” a la ciudad, sino simplemente ejerciendo su responsabilidad.

La misma responsabilidad le cabe hoy al Estado provincial y municipal, para verificar si las denuncias públicas por presuntas tomas de agua dulce o potable clandestinas son reales en los campos petroleros. El viernes último el intendente Di Pierro manifestó su convicción de que -por sobre los bajos volúmenes que informa la S.C.P.L que vende a las petroleras- hay uso de agua dulce para recuperación secundaria: en las actuales circunstancias de insuficiente caudal para abastecer a las cuatro ciudades que dependen del acueducto, ello debiera ser el paso inicial para avanzar en una investigación y aplicar las sanciones que correspondieran. Una vez más, es el Estado en sus diversas jurisdicciones, el que debe salir al campo -con los equipos técnicos necesarios- y esclarecer si, como suele decirse entre quienes se desempeñan en áreas petroleras, hay tomas clandestinas en determinados sectores.

En otras palabras, el Estado no puede seguir siendo la rana de aquel cuento.

Un pueblo que sigue clamando agua

Finalmente, quedará por verificar también qué tipo de responsabilidad le cabe al prestador del servicio, es decir la S.C.P.L, en una situación en la que parecen combinarse la insuficiente capacidad de gestión para lograr los presupuestos necesarios para las grandes obras que se requieren para la solución de fondo, además de una situación financiera global que estuvo bajo la lupa durante el reciente período de recambio de autoridades, en una asamblea en la que llegó a ponerse en duda la regularidad administrativa de una institución que representa el segundo presupuesto de la ciudad -después del municipio, con unos 300 millones de pesos de facturación anual y una deuda de 100 millones- y que hoy mantiene latentes varios frentes de conflicto. En enero, sin ir más lejos, comenzará a pender de un hilo la posibilidad de que se inicien restricciones al servicio eléctrico, si es que para entonces no se ha logrado cubrir la deuda de 21 millones de pesos con CAMMESA.

En relación a las obras de infraestructura para resolver la cuestión de fondo, Nación no debería tener problemas en ayudar a la cuenca petrolera más productiva del país: este año, si bien no es uno de los mayor recaudación, el petróleo de la región le generó al Estado nacional unos 10.000 millones de pesos en concepto de retenciones a la exportación de crudo (la mayor parte del que se vende afuera, se extrae de Chubut). La cifra es incluso baja, comparada con períodos de mayor exportación: entre 2004 y 2007, al país le ingresaron unos 19.000 millones de dólares por ese concepto.

Y para resolver el problema de fondo -obra de repotenciación y segunda etapa del Acueducto-, vale recordar, en Comodoro Rivadavia, ciudad que nació hace casi 111 años sufriendo la falta de agua, ahora que se sabe que el descubrimiento del petróleo no fue casual -revisionismo mediante- y otros etcéteras, se necesitan “sólo” -si se permite la expresión- unos 350 millones de pesos.