El actual receso legislativo no alcanza a ocultar que el tema del agua en Mendoza se perfila para ser uno de los de mayor calibre en la discusión política que se avecina durante el presente año electoral. En comisiones del Senado se encuentra, desde mediados de diciembre, el proyecto radical de declaración que propicia la formación de una comisión investigadora de la gestión del superintendente del Departamento General de Irrigación, José Luis Álvarez.

Así -en plenas vacaciones- se preocuparon de recordar desde el bloque de la UCR, donde ya se está preparando el impulso al tratamiento en el recinto ni bien se retome la actividad en la Legislatura provincial. Esto significa una eventual discusión en el recinto el martes 5 de febrero (si antes se alcanza el despacho de comisión) o el 19 de febrero (el 12 es feriado por carnaval) sin ese despacho.

En agosto del año pasado Álvarez estuvo en el Senado provincial y en noviembre nueve senadores radicales (entre ellos Armando Camerucci y César Biffi) se hicieron presentes sorpresivamente en Irrigación.

En el medio se ha hecho ostensible un choque de visiones. Mientras la UCR presenta a la gestión de Álvarez como una continuidad de la de su cuestionado antecesor, Eduardo Frigerio, el Gobierno provincial considera que ha abierto una etapa nueva en la historia de Irrigación que está "sentando las bases del futuro" con el Plan Agua 2020. "Se nos hace imposible acceder a información oficial confiable que nos permita conocer las acciones de Irrigación", denuncia el bloque radical.

Aún mantienen vigencia las discusiones sobre la formación de un banco de tierras, el establecimiento de disposiciones de "expropiación" de tierras con deudas superiores a su avalúo; el pago de autorizaciones de perforación destinado al cegado de pozos, el envío a la Suprema Corte de los permisos precarios de perforación otorgados por Frigerio en un área restringida y la duplicación del destino del agua para la industria.

La comisión investigadora que propicia el radicalismo apunta a escudriñar en la resolución 548 de Irrigación y "la condición (económica) indispensable para acceder al permiso de perforación y concesión de uso especial de agua subterránea". La UCR pide su derogación lisa y llana porque "discrimina a favor del poder económico" mientras en Irrigación se destaca que apunta a sanear el acuífero y a expandir la frontera agrícola.

La investigación también se extiende sobre la situación de los 21 permisos otorgados por Frigerio en el área de restricción de la margen derecha del Río Mendoza (enviados por Álvarez a la Justicia).

También sobre la situación del diferendo con La Pampa para definir si existen "estudios técnicos que habiliten la entrega a La Pampa de caudales excedentes por encima de las 71.671 hectáreas priorizadas para Mendoza".

Incluye el control de Irrigación sobre las tareas de remediación de YPF sobre el acuífero y se descuenta que hacia febrero la UCR terminará incluyendo al propio presupuesto 2013 del Departamento General de Irrigación.