La comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la provincia desarrolló en los últimos meses un amplio trabajo político y técnico para conseguir la sanción a una reforma integral a la ley de fitosanitarios. Este tema fracasa desde hace más un lustro en la Legislatura, siendo la falsa dicotomía entre garantizar la salud pública o no socavar la rentabilidad sojera (principal motor económico del interior), la primordial causa de la –casi– anomia.

Hoy, por lo pronto, se utiliza un marco jurídico que quedó relegado por la realidad. Es que el uso intensivo de agroquímicos es el resultado de un sistema productivo a base de monocultivo, que en todos estos años cosechó grandes dividendos para el sector privado y también para el Estado. En definitiva se talló un modelo sojadependiente en un país que retrocedió en cultivos tradicionales y/o de raigambre regional.

La otra cara de este proceso son las denuncias por fumigaciones contaminantes y fallos judiciales para salvaguardar la salud humana, animal y ambiental. De hecho, organizaciones como el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) registró varios casos de escuelas rurales santafesinas que fueron fumigadas, incluso con chicos afectados.

El Cepronat y otras instituciones sociales, políticas y sindicales de toda la provincia confluyen en el movimiento Paren de Fumigarnos y desde allí tuvieron una alta participación en el debate de la nueva ley. A tal punto, que colaboraron para que los tres proyectos que estaban en tratamiento (uno del socialismo y dos del PJ) alcancen un interesante punto de consenso.

Las iniciativas de Aliza Damiani (FPV), José María Tessa (FPV) e Inés Bertero podrían conformar un único dictamen esta semana si es que se resuelve permitir o no la aspersión aérea, principal diferencia. En tanto, la Multisectorial Paren de Fumigarnos espera que las modificaciones a la ley de fitosanitarios tengan media sanción el jueves porque termina el período ordinario de sesiones.

Sino el debate se pospondría hasta mayo de 2014, y la idea es utilizar los primeros meses del año próximo para conversar con los senadores para ver si logran que acompañen el nuevo texto. Precisamente, en la Cámara alta se produjo la mayor resistencia cuando iniciativas similares estuvieron en análisis: hubo una contrapropuesta que establecía permitir fumigar a sólo una cuadra de los centros poblados.

Sobre la redacción que está en estudio en la comisión de Agricultura de Diputados, la multisectorial ambientalista indicó que tras un “fluido intercambio de opiniones y consulta de estudios científicos y médicos, se acordó la necesidad de que la legislación contemplara un área libre de fumigaciones aéreas de tres mil metros y una franja de 700 metros si la aplicación se realiza con métodos terrestres”.

Esa delimitación es en cuanto a las franjas de amortiguación entre zonas fumigadas y escuelas, poblaciones, barrios cerrados y demás áreas rurales sensibles, que resultó el tema de mayor divergencia en la Cámara baja. En el proyecto original de José María Tessa, y avalado por otro grupo de ambientalistas, se quería prohibir por completo cualquier tipo de fumigación aérea.

Otra postura era la de Inés Bertero, que proponía prohibir “la aplicación aérea de glifosato dentro de los 1.000 metros del límite de la planta urbana y su aplicación terrestre dentro de los 500 metros de la misma y de los establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, de complejos deportivos y recreativos”. Entre ambas pretensiones, la de Tessa y la de Bertero, hoy está dada la posibilidad de acuerdo.

“Nosotros queremos reducir la toxicidad y cantidad de los químicos agrarios, cuyo incremento en los últimos 15 años fue superior al 1.000 por ciento, según indicadores de las mismas cámaras comercializadoras”, dijeron integrantes de Paren de Fumigarnos. Además, aclararon que “desde los pueblos fumigados se aceptó reducir las demandas (de mayores zonas libres de agroquímicos) para facilitar de forma urgente la sanción de una herramienta que atenúe el constante agravamiento de la salud”.

Para este sector de la sociedad civil la nueva ley también ayudará a “habilitar de forma simultánea la producción de alimentos sanos en las zonas libres de fumigaciones, en un círculo virtuoso con múltiples beneficios”. De hecho, hay iniciativas complementarias –que no avanzaron aún– que apuntan a sancionar una ley de fomento de producción agroecológica, en ámbitos rurales donde esté prohibido aplicar agrotóxicos o en los espacios urbanos con huertas comunitarias.

Más restricciones y controles

Dentro del proyecto de José María Tessa, aunque también en el que firmó el Frente Progresista, hay varias consideraciones complementarias para el abordaje específico que habría que darle al uso de agroquímicos. Por caso, se plantea la creación de “la receta agronómica confeccionada por ingeniero agrónomo, por triplicado, como requisito para la venta de productos fitosanitarios”.

Asimismo, “se prohíbe la venta y uso libre de todos los productos fitosanitarios aplicados en la actividad agroquímica; se prohíbe el tratamiento mediante productos pesticidas o insecticidas en camiones y/o vagones ferroviarios de cualquier tipo de granos, semillas o subproductos de éstos; y se prohíbe la venta libre y la utilización de fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio, fosfina y bromuro de metilo”.