Finalizadas las primeras tres reuniones referidas al proyecto del Partido Socialista para prohibir el uso del glifosato en Luján, el presidente de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, Roberto Monzón, realizó un balance de los encuentros que tuvieron lugar la semana pasada.

En primera instancia, los ediles recibieron a representantes del PS, luego a técnicos de la Universidad Nacional del Luján (UNLu), y por último a integrantes de la Asociación Regional de Productores Agropecuarios del Este (ARPAE).

- ¿Qué balance hace de estas primeras reuniones para debatir el tema?

- Me parece que vamos a seguir con algunas reuniones más. El balance es positivo. Si hoy me preguntás algo sobre educación, te respondo inmediatamente. Equivocado o no tengo una opinión formada sobre ese tema, porque además de haber leído, tengo una trayectoria de 30 años de trabajo en ese ámbito. En el tema de los agroquímicos la mayoría de los concejales más que en pañales, está desnudo.

En primera instancia convocamos al Partido Socialista. El proyecto habla de prohibir el uso del glifosato. Esa es una cuestión legal que el municipio no se puede arrogar. La prohibición de estos agroquímicos es potestad de Provincia y Nación. En la reunión dijeron que buscan reglamentar el uso de los agroquímicos en general, más allá del nombre o la fórmula química de cada uno. Trajeron dos profesionales que nos dieron su visión. Después estuvo gente de la Universidad de Luján. La bióloga Feijoó nos dio un panorama de los males asociados al glifosato. En el caso del ingeniero agrónomo Miglioranza nos ofreció una mirada técnica sobre la incidencia de la deriva, que es lo que se desparrama fuera de la zona en la que uno quiere utilizar el agroquímico. Él y otros docentes de la UNLu realizaron un informe basado en una entrevista a un viejo aplicar. También estuvo un empresario integrante de la Cámara de Aplicadores, que desarrolla tareas de fumigación en Luján.

Por último recibimos a los productores. Si bien su visión no es diametralmente opuesta, ellos tienen una visión de que un producto bien utilizado no tendría mayor incidencia, aunque saben que no se usa agua bendita, sino químicos. En síntesis, la postura de los productores también es hacer una reglamentación del uso de agroquímicos.

- ¿Cómo seguirá el trabajo en la Comisión de Salud?

- En ese camino vamos a seguir analizando el tema y el material que nos han acercado. A mí me gustaría que venga el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y nos explicara algunas cosas, igual que el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), que es el encargado de clasificar los agroquímicos.

- ¿Cuándo estaría en condiciones el Concejo para tratar un proyecto de ordenanza?

- Estamos seguros de que en el actual período de sesiones, mucho antes de que termine, va a existir un pronunciamiento del proyecto. En principio la idea es consensuar con todos los concejales, para que salga una ordenanza votada por unanimidad, y que sea realizable. En un artículo me parece que tiene que aparecer la conformación de un registro de vendedores de estos productos y de los profesionales que los recetan. Estaríamos produciendo una ordenanza que incluyan todos esos aspectos.

- ¿Qué papel tendría el municipio en esa ordenanza?

- Creemos que el municipio debería llevar a cabo el tema del control. Estamos estudiando ordenanzas de otros distritos para ver cómo podemos hacer desde el Concejo Deliberante para que el municipio se involucre en el control, sin que eso sea muy oneroso, aunque la salud pública no tiene precio.

- ¿Cree que se podrá sancionar una norma que deje conforme a todos los sectores?

- Hay muchos intereses. Quienes participan en la actividad agropecuaria no son benefactores, cada uno trata de cuidar su negocio. Nosotros tenemos que garantizar la continuidad de la actividad, pero también velar por la salud pública y el bien común. La actividad política es el arte de hacer las cosas para el bien común, aunque no queden todos conformes. Lo que tenemos que buscar es que esa norma controle el tema de las fumigaciones y los agroquímicos. A lo mejor un sector no se va a quedar totalmente conforme, pero tenemos que ver que esa norma les sirva a quienes, sin estar vinculados a la producción, se pueden ver perjudicados por las aplicaciones de esos productos.

- De lo que usted plantea se desprende que la prioridad será preservar la salud pública.

-Sí. La salud pública es lo único que nos debe interesar. Si por eso se afecta a algún sector de la producción, se verá de qué forma se lo ayuda. O bien buscar establecer cordones donde se cultive de forma orgánica. A lo mejor en algunos sectores tendremos que cambiar la forma de producir.

- Si se tiene en cuenta que muchas zonas tradicionalmente rurales hoy están rodeadas de zonas urbanizadas, ¿se planea articular el proyecto con el plan de ordenamiento urbano?

- Ese es un tema. Luján nunca tomó ese tema como prioritario. Lo mismo le ha pasado a Pilar. En el plan de reordenamiento urbano tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. El ejemplo es Carlos Keen. Te encontrás con muchos barrios privados, pero esa es una zona agraria por excelencia. Entonces el tipo que ha sembrado toda la vida, ahora se encuentra con que alrededor de su campo hay una urbanización. Nosotros tenemos que ver dónde y cómo el Estado municipal va a realizar las habilitaciones. Se trata de planificar el crecimiento urbano, porque también incide en la reglamentación que podamos sacar sobre fumigaciones y agroquímicos.

Sin antecedentes

Monzón indicó que en el ámbito del partido de Luján no existe ninguna normativa que regule las tareas de fumigaciones y el uso de agroquímicos en general. Por esa razón, el edil consideró que “es una buena oportunidad para reglamentar algo de la mejor manera posible”.