El documento —firmado entre Uatre, la filial Chaco de Federación Agraria Argentina, Coninagro y la Asociación de Desmotadoras de la provincia— abarca a todos los trabajadores rurales que se encuentren en relación de dependencia de los productores de algodón, maíz, trigo, sorgo, soja y girasol.

El convenio de corresponsabilidad gremial multiproducto —que tendrá vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012— establece que la tarifa sustitutiva que se le retendrá al productor agrícola por cada tonelada de cosecha será de diez pesos. El monto establecido en el documento permitirá al sector patronal regularizar la situación de trabajadores permanentes o temporarios, para evitar los conflictos que se suscitaban en los establecimientos rurales con cada inspección efectuada por el gremio que resguarda los derechos de los peones de campo. Debe recordarse que la corresponsabilidad está vigente en del Chaco desde hace al menos dos campañas agrícolas, cuando el área tabacalera se sumó al convenio en primera instancia y posteriormente lo hicieron los forestales. El sector agrícola era el que tenía pendiente la firma del acuerdo, que finalmente encontró el aval de todas las partes el primer día de diciembre. Para toda la producción agrícola Los antecedentes de las propuestas al sector agrícola para la regularización de los trabajadores en principio limitaban la contención exclusiva de los cosecheros de algodón. Las reuniones técnicas y el correspondiente análisis de la situación del agricultor chaqueño llevó finalmente a que el convenio comprendiera a todos los productos de la agricultura: oleaginosas, cereales y textil. “Si solamente se acordaba un convenio para el trabajo con el algodón, como era la propuesta original, la tarifa era totalmente distinta”, remarcó el presidente de Ucal Vladislao Romachevsky luego de la firma del convenio. Si el único producto comprendido hubiese sido el algodón, el monto de la tarifa sustitutiva sería mucho más elevado, ya que la superficie que se cultiva con el producto no es elevada en comparación con el total que se hace de granos, y las toneladas cosechadas también marcan una gran diferencia. “Comprendiendo en el convenio a toda la producción agrícola pudimos lograr una tarifa razonable, porque con el aporte de diez pesos por tonelada los agricultores podemos regularizar a los trabajadores y estar tranquilos”, acotó el productor saenzpeñense, referente del cooperativismo. Convencer al personal Los sectores que acordaron anteriormente, como el forestal, al firmar el convenio se encontraron con la dificultad de que los propios trabajadores no accedían a la regularización de su situación laboral ya que la mayoría posee planes sociales que caen al entrar el beneficiario en el sistema formal de empleo. Fueron varias las reuniones explicativas que debieron concretar los funcionarios forestales para que el trabajador aceptara la regularización de su situación. “Ahora también a los agricultores nos queda esperar la reacción del peón. El escollo puede ser la negativa al blanqueo; pero nosotros, la patronal, no deberíamos aceptar que trabaje en nuestros campos personal que no esté de acuerdo con que se lo inscriba”, señaló Romachevsky. “Se logró un buen convenio y entendemos que el productor lo aceptará, porque es vieja la lucha para mitigar los problemas y riesgos que se padecen al tener personal en situación irregular en los campos. Solamente con diez pesos por tonelada tendremos la tranquilidad de no estar en infracción. Queda esperar qué reacción tendrá el personal, porque será difícil convencerlos de que ser un trabajador formal les dará más ventajas que un subsidio estatal”, insistió en señalar el presidente de Ucal.