Ayer hubo una nueva muestra de esas diferencias, cuando el fiscal general de Puerto Madryn, Daniel Báez, sostuvo en una causa en la que se resolvió la libertad para dos de los imputados en el intento de robo de un cajero del Banco del Chubut en Puerto Pirámides, que "si bien la fiscalía trabajó arduamente en la investigación y presentó la acusación en tiempo oportuno -en el mes de noviembre-, han pasado 6 meses y recién en el día de ayer se obtuvo una probable fecha de juicio, lo que indica claramente que el sistema no funciona como debería".

En esa causa, los jueces Horacio Yangüela y Marcela Pérez Bogado, ddispusieron la libertad de dos de los imputados al considerar que "en virtud de los más de 8 meses de prisión preventiva que llevan cumpliendo los imputados, en caso de ser condenados al mínimo legal de 3 años, tendrían posibilidad de acceder a la libertad condicional".

Precisamente, uno de los argumentos de los defensores había sido la dilación por parte de la Oficina Judicial en fijar fecha para la realización del juicio oral y público.

"El esfuerzo de unos luego se ve frustrado por la falta de jueces para juicio, que al menos es la excusa que la Oficina Judicial nos dice a los fiscales para fijar las fechas de debate. Independientemente de ello, entiendo, con el debido respeto que merece la resolución judicial de los jueces Yangüela y Pérez Bogado, que resolvieron en base a una hipótesis de una pena en expectativa que la fiscalía no comparte", dijo Báez al criticar esa presunta tardanza.

La misma queja ya había sido planteada en oportunidades anteriores por fiscales de Trelew y también por la propia Procuración General, pero la visión de los jueces tiene otra óptica.

Hay muchos magistrados que sostienen que las fiscalías presentan casos aparentemente cerrados a través de sus partes de prensa, "pero cuando llegan a juicio vienen con investigaciones muy flojas y las causas se les terminan cayendo", sostienen por ahora en estricto "of" los jueces.

Especialmente críticos son con Báez, a quien se le reprocha tanto su actuación en el trágico "Caso Leonela", como el desempeño que el mismo fiscal tuvo en la causa que investigaba el crimen del empresario Rubén "Cacho" Espinosa.

Pero, más allá de los matices, lo que está colmando la paciencia de los jueces es la decisión de la Procuración y las fiscalías de colocarlos en el banquillo de los acusados a través del aceitado aparato de prensa del que dispone el Ministerio Público.

Por eso, no es para nada descartable que este enfrentamiento, que circula por ahora bajo la superficie, termine explotando ante la opinión pública, ya muy sensibilizada por el notorio déficit en la resolución de muchos sucesos, algunos de ellos muy graves, como varios crímenes en Comodoro Rivadavia y los asesinatos aún no esclarecidos de los jóvenes Julián Antillanca y Rodrigo Colihuinca, en Trelew.

En este último, la familia ya anunció su intención de radicarse en otro lugar ante el "miedo" que les produce la falta absoluta de resultados en la investigación del crimen de su hijo.