“Las universidades nacionales, como instituciones públicas, deben mantener una “mirada crítica sobre la actividad productiva y sus impactos”. Hace dos años, ése fue el argumento central que compartió el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Agrarias lomense cuando rechazó fondos de la minera La Alumbrera. Al iniciar este ciclo lectivo, el plantel volvió a pronunciarse contra la obtención de metales a cielo abierto que daña el escenario natural del país y a sus habitantes.

La decisión convierte a la casa de altos estudios en la única referente en lo local en cuestionar la labor de las corporaciones internacionales que destruyen el patrimonio pese a la resistencia de una amplia porción del pueblo y en nombre del progreso económico. Como profesionales de las labores asociadas con la tierra, no aceptaron que el mecanismo empleado sea favorable para la mantención y el desarrollo sustentable por el empleo, por ejemplo, de cianuro.

“Además de ser insustentable, genera graves daños al medio ambiente, contamina de manera irreparable los recursos naturales muy valiosos como el aire, el suelo y el agua. En las regiones donde se realizan estos emprendimientos, el agua es escasa y vital para las poblaciones aledañas, el desarrollo de la agricultura y de la ganadería como actividades importantes de las economías regionales”, fundamentó el Consejo, encabezado por el decano Carlos Rossi.

La tarea que provocó que miles de vecinos se organicen en Esquel, Famatina y Andalgalá, entre otros, “desalienta también la actividad turística y priva a los pobladores de disfrutar de un ambiente sano”, consideró la resolución firmada por unanimidad el 7 de marzo último, según pudo saber LA TERCERA. La institución académica tiene entre sus titulares al ingeniero agrónomo Alberto De Magistris, uno de los impulsores de la constitución como Reserva Provincial de Santa Catalina.

En 2010, alumnos y docentes que promovían la protección del espacio verde donde se emplaza la Facultad fueron los que acercaron la inquietud de no aceptar el dinero que La Alumbrera, con asiento en Catamarca, ofrecía a establecimientos de formación superior. Lograron recolectar firmas y que la aprobación a la iniciativa se diera con la Resolución 0416/107, que convirtió a Agrarias en una de las 32 entidades de estudio del país que repudiaron la presencia de esa empresa destructora. “No basta sólo con manifestar individualmente la preocupación sobre la procedencia de los fondos sino que se debe tomar una posición ética institucional al respecto”, planteó el colectivo frente al Consejo a la hora de plantear sus argumentos.