Con el inicio de agosto, las causas por delitos de lesa humanidad que se cometieron en Santiago del Estero en tiempos de la represión y que no fueron elevadas a juicio oral, cobrarán fuerte impulso.

Así lo indicaron fuentes de la Justicia Federal local, quienes adelantaron que se tomarán indagatorias a ex represores que son señalados como los responsables de aplicar el terrorismo de Estado en la provincia, durante los años 70, incluso antes de que se produjera el golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Las causas que se investigan superan la decena y son por privación ilegítima, allanamiento ilegal de domicilio y tormentos cometidas antes del golpe y durante la dictadura.

Interrogatorios

Las primeras indagatorias (por cuatro causas) serán tomadas a quienes ya se encuentran procesados y juzgados como el caso de Musa Azar Curi, ex jefe del Departamento de Informaciones Policiales (DIP), que funcionó como un centro clandestino de detención y base de operaciones de los grupos parapoliciales represivos.

También Miguel Tomás Garbi (subjefe del DIP) y Ramiro López Veloso, quienes fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común junto a Azar Curi en 2010, por el crimen de Cecilio Kamenetzky, en el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se celebró en la provincia.

A ellos se agregarán Juan Felipe Bustamante, Francisco Laitán, Eduardo Baudano, entre otros ex funcionarios policiales del DIP quienes al igual de Azar Curi, Garbi y López Veloso están siendo juzgados actualmente por el Tribunal Oral Federal en la Megacausa, en la que se ventilan 44 casos de secuestros, torturas y desapariciones. Todos ellos deberán sentarse ante el juez federal local, Guillermo Molinari, y responder por las acusaciones. En uno de los casos se investigan las denuncias efectuadas por los empresarios Iaccarino.

Estas causas sueltas no fueron incorporadas a la Megacausa (que agrupa las denuncias por desapariciones antes y después del golpe, y los secuestros y torturas previo al golpe), ni al Grupo Cuatro (por secuestros y torturas en la dictadura), debido a que las instrucciones demoraron un poco más hasta cumplir con una serie de medidas o porque las denuncias ingresaron más tarde.

Uno de los aspectos llamativo de estos casos, es que podrían incorporar a nuevos responsables de colaborar con el terrorismo de Estado, como ex policías y también civiles, reveló una alta fuente del Juzgado Federal local.