Tanto la Asesoría Letrada de Gobierno (ALG) como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) aconsejaron al gobernador Oscar Mario Jorge que decrete la exoneración de Agüero como docente. Sus primeros pasos como profesor los había dado en la EPET de General Pico, en 1981. Allí asentó en su DDJJ que era pobre. Retomó la educación en 1997, cuando el fiscal Jorge Amado ya investigaba su evolución patrimonial.

El dictamen dice: "hay circunstancias ciertas y reales que viabilizan la aplicación de la medida segregativa de exoneración, dada la innegable configuración material de la causa punible que encauza la sanción a imponer, encontrándose determinadas previa y taxativamente en el Estatuto del Trabajador de la Educación".

Bochado a los 65.

Agüero llegó la edad jubilatoria para los hombres el 21 de julio pasado. Después de la condena, la cárcel y el decreto de exoneración como funcionario político, la única alternativa que le quedaba era la jubilación como docente. Sin embargo, el dictamen 158/12 de la asesora letrada del gobierno pampeano Daniela Vassia en base al Expediente N° 367/2008, caratulado "Ministerio de Educación s/situación planteada con el agente Agüero, Hugo Nelson" es lapidario.

Recurriendo a argumentos muy parecidos al anterior dice que "el postulado normativo establece como causal de exoneración la condena a pena privativa de libertad por delito doloso". En virtud de aquello también se requiere la inhabilitación absoluta y perpetua con los alcances del Código Penal, sentencia 82/2007 dictada en la causa 4944/04, del Juzgado de Instrucción 7 de Santa Rosa. Teniendo en cuenta que a resueltas del informe del Jefe de la Oficina Judicial, a través del oficio 1770/11, dicho fallo ha quedado firme a partir del 31 de mayo de 2011, el resultado final es inevitable.

Se explica allí que ante la evidente tipificación de la causal que fundamenta la sanción, la autoridad administrativa competente responsable del sumario está en condiciones de elevarlo al Gobernador, con lo cual la semana que viene el nuevo decreto ya es un hecho. Hoy con 65 años, Agüero no podrá acceder a sus beneficios previsionales ni como funcionario ni como docente.

Retiro voluntario.

Si bien logró aquella vez una jubilación especial como profesor docente titular de la materia Diseño en el Colegio Polimodal "Ciudad de General Pico" y en la currícula Mantenimiento de Obra Fina en la Escuela Provincial de Educación Técnica 2 (EPET 2) de aquella ciudad, el proceso seguirá igual camino que su exoneración como funcionario público. El retiro fue aceptado en aquella oportunidad con retroactividad al 16 de octubre de 2007, sugestivamente dos meses antes de su condena por la Cámara en los Criminal 1.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial 2815/08, decía: "la renuncia es dada en forma condicionada a las resultas del sumario administrativo iniciado por la FIA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1124". El ex hombre fuerte del organismo de Vivienda estuvo en el gobierno provincial durante 20 años (desde diciembre de 1983 hasta el mismo mes de 2003). Salvo cuando el fiscal Jorge Amado terminó de investigar su evolución patrimonial, aquel intentando demostrar sus problemas financieros, retornó a la actividad como profesor a la EPET de Pico, pero por un lapso muy corto.

La realidad hoy muestra que pasó mucha agua bajo el puente desde que ejercía la docencia en 1981 y su patrimonio, según su declaración jurada de bienes, era el de un pobre con apenas un modesto automóvil marca Fiat 600 como propiedad exclusiva.

La Fiscalía de Estado mira para otro lado.

Aunque muy tarde, finalmente llegó el castigo final para el ex jerarca del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) en los '90. Hace dos meses, por decisión del gobernador Jorge, Agüero fue exonerado como funcionario político por sustraer caudales públicos por 960.456 pesos (la cifra actualizada llega a 3,5 millones) entre 1993 y 2003, según dictaminó la sentencia 82/2007 de la Cámara en lo Criminal 1 de Santa Rosa.

Hoy, al igual que entonces, la asesora letrada tampoco puso objeción ni observación legal alguna al trámite que ya había realizado la FIA en el retiro voluntario por aplicación del artículo 278 inciso b) de la Ley 643, para exonerarlo de una actividad anexa que los agentes públicos pueden acumular cuando cumplen funciones políticas: la docencia. Cabe señalar que con intervención de la Fiscalía se sustanciaron actuaciones sumariales, en la que el mencionado organismo se expidió recomendando al PEP que se aplicaran las sanciones, finalmente refrendadas por un decreto gubernamental en el fraude y descontrol en el IPAV.

Pero ahora, ya no solo no podrá jubilarse por su actuación durante más dos décadas como funcionario público, tampoco lo podrá hacer como trabajador de la educación. Solo falta la firma de la ministra de Educación para que el informe definitivo sea elevado al titular del Poder Ejecutivo y el decreto sea publicado. Lamentablemente, en lo que refiere a la devolución de los dineros públicos mal habidos pertenecientes a todos los pampeanos, la Fiscalía de Estado, organismo que debe velar por las cuentas públicas, hoy en manos del vernista José Alejandro Vanini, sigue mirando para otro lado.