El concejal afirma que el acuerdo “generará un sistema injusto, de inequidad manifiesta, de falta de equilibrio, de arbitrariedad, frente a los ciudadanos de bien, que cumplen con sus obligaciones tributarias con el fin de contribuir al gasto que el Estado realiza para lograr sus fines”.

Indicó que de ratificarse el acuerdo, “seguramente en un futuro cercano, diversas empresas que son deudoras actuales de los tributos municipales, exijan un trato igual, una igual oportunidad, por estar en iguales circunstancias; con la consecuente repercusión negativa sobre el tesoro municipal; y ante una eventual negativa de la Intendencia a celebrar convenios de la misma naturaleza que el presente, podrían judicializar tal petición; fomentando así futuros incumplimientos hacia las obligaciones tributarias”.

Agüero entiende que en virtud de “la incidencia económica que implica este convenio sobre el tesoro municipal, y de acuerdo con las circunstancias del mismo, se deberían seguir los procedimientos establecidos en la ordenanza de Administración Financiera” para la adquisición del sistema de video vigilancia ofrecido por la empresa en dación de pago.

En la propuesta técnica de la empresa Arlink S.A., “presunta proveedora de los insumos del sistema de video vigilancia”, se manifiesta que el objeto de dicho sistema consiste “en prevenir delitos y disuadir conductas antisociales en áreas urbanas, semiurbanas y accesos vehiculares” y que “posibilitará la detección y el seguimiento de situaciones potencialmente peligrosas para el ciudadano, y obtener un registro digital de los eventos para poder dar respuesta a futuros requerimientos”. También expresa que se trata de “un sistema donde existe un centro de captura, visualización, almacenamiento y recuperación, ubicado en la Jefatura de Policía esquina Chacabuco y Tucumán”.

“La prevención de delitos es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Seguridad dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, conforme a nuestra Constitución provincial, lo que evidencia aquí la incompetencia de la municipalidad en esta materia”, destaca el concejal Agüero. “Más aún, considero que en caso de insistir con la implementación de un sistema de video vigilancia, ineludiblemente sería necesario planificar y coordinar acciones en conjunto tanto en el plano estratégico como económico, entre los diferentes órganos de gobierno municipal y provincial, para asegurar así eficacia y eficiencia en los resultados de la mencionada implementación”.

“En materia de prevención de delitos es competente el Poder Ejecutivo provincial; lo que implica imprescindiblemente la complementación de los órganos de gobierno antes mencionados, ya que dicha materia escapa a las funciones esenciales, irrenunciables e indelegables, del DEM, previstas por el artículo 9 de nuestra Carta Orgánica Municipal”, insiste el concejal radical.