La Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad porteña recibe cada semana una decena de denuncias sobre geriátricos. En la ciudad de Buenos Aires hay 656 establecimientos habilitados que son controlados por sólo 15 agentes.

Así lo informó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que este año inauguró un sistema de auditoría integral para este tipo de establecimientos calificados de "críticos".

Esto significa que los geriátricos deben ser inspeccionados, por lo menos, dos veces al año. Una de las revisaciones debe ser completa e integral. "El operativo puede demandar hasta un día completo", indicó a LA NACION Rafael Roldán, director de fiscalización y control de la AGC.

Según Roldán, la cantidad de inspectores con los que cuenta para inspeccionar los establecimientos es suficiente: "Este año habremos completado las inspecciones obligatorias antes de tiempo. Es uno de los rubros más críticos. Se ve poco interés, poca inversión y mucha demanda".

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, del que depende la Dirección de Tercera Edad, informaron ayer que contabilizan 584 geriátricos en los que viven 17.500 personas. La población de tercera edad, recordaron, está conformada por 620.000 abuelos.

El gobierno porteño cuenta con dos hogares de residencia permanente, pero los alojados pueden entrar y salir cuando quieren. Ellos son el Hogar San Martín y el Rawson, que suman 500 plazas, y dos hogares más en Necochea y en Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires.

En lo que va del año, se realizaron 200 inspecciones integrales y 186 regulares, según indicaron en la agencia. En ese lapso, hubo 22 clausuras. "Los controles más duros se realizan en los dispositivos de seguridad. Pasa lo mismo con los jardines de infantes", agregó el funcionario.

CONTROLES

Roldán negó que la superpoblación sea un problema destacado en los geriátricos. "Las pocas veces que la capacidad de los establecimientos se ha visto superada ha sido por una o dos personas. Los controles estrictos no lo permiten", aseguró.

El defensor del pueblo de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, precisó a LA NACION que recibe "una decena de denuncias por semana".

Las quejas tienen distintas características. Algunas se refieren al maltrato individual, otras al maltrato institucional, problemas con el personal o de infraestructura.

"Este hecho no es atípico se viene repitiendo desde la década del 80 hasta ahora, cuando murieron 67 abuelos al incendiarse el geriátrico Saint Emilien", explicó Semino. "Lo que cambia es la cantidad de víctimas", agregó.

El defensor reclamó controles para los geriátricos y "un sistema integrado estatal para que haya disponibilidad de camas públicas".

"Este tipo de geriátricos, desgraciadamente, en muchos casos es un depósito de ancianos. Y que perjudica a los más débiles. Las personas que vienen de un nivel de clase media o media alta no los mandan a este tipo de establecimientos. Acá va la gente con pensiones no contributivas, con pensiones por invalidez -opinó María América González, legisladora de Buenos Aires para Todos-. Y que, por una pelea política, el tema se ha derivado al Ministerio de Salud de la Nación cuando debería ser el PAMI el que tiene que atender estas cuestiones. Respecto de los controles la Nación y la Ciudad tienen responsabilidad. Pero, como siempre, la gente queda en el medio.".