Todo parecía indicar que el gobierno nacio­nal y el porteño abrían un nuevo capítulo en un vínculo que tuvo más friccio­nes y desencuentros que acuer­dos. La relación entre Ciudad y Nación desde que Mauricio Macri es el jefe de Gobierno no fue ni es sencilla. Parados en veredas políti­camente opuestas, la convivencia entre ambos gobiernos transita por una tensión constante, alter­nada con algunos momentos fu­gaces de distensión, como cuan­do la presidenta Cristina Kirchner y Macri se felicitaron por sus res­pectivas victorias electorales. Una señal de reconocimiento. O de re­signación.

Pero el inicio del prometi­do diálogo no fue muy promiso­rio. Dentro del universo de temas pendientes, el gobierno nacional eligió comenzar con el traspaso definitivo de la red de subterrá­neos antes de que termine el año en curso. Al PRO el plazo le pare­ció inviable. Las negociaciones co­menzaron con cumplidos y sonri­sas y terminaron con amenazas de judicialización frente a la negativa del PRO de aceptar las condicio­nes del secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi. Una muestra más de la veracidad de ese refrán que dice que el ca­mino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Con cuatro años más por de­lante de inevitable convivencia, el macrismo y el kirchnerismo es­tarán obligados a relegar sus di­vergencias y a sostener un espa­cio donde se discuta una agenda tan cargada como demorada. Los temas incluidos son centrales en la vida de los porteños: la admi­nistración y control del transpor­te público, las políticas de sanea­miento del Riachuelo, el destino de los residuos de la Ciudad, el traspaso de la Policía Federal, cómo se distribuyen los benefi­cios del juego, la administración de Puerto Madero y las compe­tencias del Poder Judicial local. Según el constitucionalista Daniel Sabsay, son facultades que, por la Constitución porteña, "deberían ser propias de la Ciudad". La dis­cusión no sólo es por las fronteras de la autonomía sino por su inci­dencia en el presupuesto.

Sin luz al final del túnel

El Gobierno de la Ciudad no se hará cargo de los subterráneos el 2 de enero, desairando el plan­teo del secretario de Transporte nacional, Juan Pablo Schiavi. Así lo confirmó a Diario Z una fuen­te que trabaja en el diseño de la nueva propuesta que presentará el macrismo. El propósito es des­trabar las negociaciones, frenadas en seco tras la negativa del PRO a aceptar las condiciones impues­tas por el gobierno nacional. La discusión promete ser áspera, so­bre todo porque Schiavi adelantó que si la administración porteña no acepta las actuales condicio­nes, el conflicto será dirimido por el Poder Judicial.

Mientras tanto, los equipos técnicos del PRO trabajan contra­rreloj en el "detalle de las cues­tiones jurídicas y económicas que se ponen en juego con la trans­ferencia. Es lo que dijo a Diario Z Juan Pablo Piccardo, presidente de Subterráneos Buenos Aires (Sba­se). Piccardo fue confirmado en el cargo muy a pesar de los deseos del ministro de Desarrollo Urba­no, Daniel Chain, que apostaba a que los subtes, una vez transferi­dos, quedaran bajo su órbita.

Piccardo reconoció que "hay conversaciones e intercambio de informaciones técnicas sobre es­pecificidades del servicio de subte con los equipos del gobierno na­cional". Pero no precisó una fecha para hacerse cargo del servicio y se limitó a decir que se hará "lo más rápido posible".

En el nuevo borrador trabajan los ministerios de Hacienda y De­sarrollo Urbano en el plano téc­nico y la cuestión política quedó en manos de la vicejefa María Eu­genia Vidal. Según trascendidos, la propuesta del macrismo no se mueve un ápice de la preten­sión de que el gobierno nacional aporte la mitad del subsidio has­ta 2017: exactamente la exigencia que detonó las primeras conver­saciones. Como se recordará, el gobierno nacional no quiere po­ner un céntimo después de 2013.

Agenda por tres

En el gobierno porteño asegu­ran que la designación de Emilio Monzó como ministro de Gobier­no es un indicador de que Macri abandonará la pelea mediática para meterse de lleno en el barro político e institucionalizar las dis­cusiones bajo el paraguas minis­terial. Monzó, un peronista con experiencia y ex funcionario del kirchnerismo, tiene buen diálo­go con algunos miembros del go­bierno nacional y provincial. Un hombre de su riñón que ocupa­rá la Subsecretaría de Asuntos Po­líticos, Nicolás Ducoté, tiene una propuesta que se viene delinean­do desde hace meses en Bolívar 1: la creación de un ente tripartito, que incluya a la Ciudad, Nación y Provincia. Sería el ámbito para dis­cutir la interrelación de las fuerzas de seguridad, la coordinación del transporte público y el destino de los residuos urbanos.

Monzó adelantó que desde su Ministerio se enviará a la Legisla­tura una ambiciosa reforma polí­tica, con ley electoral y voto elec­trónico incluidos. La Ciudad se rige por la normativa nacional.

Entretanto, la ministra de Se­guridad, Nilda Garré, afirmó en una entrevista exclusiva a Diario Z que aunque "no hay una cola­boración específica" entre la Poli­cía Metropolitana y la Federal, re­conoció que se está "avanzando" en agilizar esos mecanismos. Ga­rré dijo que no está en carpeta el traspaso de la Federal.

La señal de que la conversa­ción no será un jardín de rosas continuó en la reasunción del go­bernador Daniel Scioli. En su dis­curso, el bonaerense le pidió al porteño que "en un plazo razona­ble reduzca al mínimo los volúme­nes de desechos que ingresan en la Provincia". Y resaltó: "Éste no es un problema técnico: la solu­ción demanda decisión política". El ministro de Ambiente porte­ño, Diego Santilli le contestó ipso facto: "De peronista a peronista. Mejor que decir es hacer. Mañana la Ciudad demostrará con hechos que siempre está un paso adelan­te". Se refería a la instalación de 800 contenedores para separar residuos secos y húmedos.

"La idea es plantarnos de igual a igual y plantear un diálo­go abierto a la sociedad", se en­valentona una fuente del gabine­te del PRO que de todos modos reconoce que "está todo muy ver­de, todavía no hay un diálogo flui­do". Pero también hay problemas puertas adentro. Si bien los fun­cionarios elegidos para acompa­ñar a Monzó ocupan oficinas del Ministerio, ninguno fue designa­do aún formalmente.

Otro tema que promete una fuerte discusión es el reparto de las utilidades de los juegos de azar, que alcanzarían los cinco mil millones de pesos anuales. El macrismo presentó un recurso de queja en la Justicia por el cobro de impuestos a los casinos flotan­tes. La causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo que el conflicto "es abstracto" en lo que se refiere a la jurisdicción sobre el cobro de los gravámenes. Los jueces se basan en un convenio de 2003, que es­tipula que el 65% de los ingresos son para el Ministerio de Desarro­llo Social de la Nación y el 35% restante para el Instituto de Juego porteño. Ahora, Macri quiere un acuerdo que equilibre la balanza y establezca un reparto en porcen­tajes iguales.

Donde sí hubo avances fue en materia judicial con nuevas trans­ferencias de competencias pe­nales de la órbita de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad. Con esta ampliación de facultades, las causas de corrup­ción que involucren a funciona­rios locales quedan en la Justicia porteña. También los delitos por lesiones, abuso de armas, duelo, violación de domicilio, incendio y otros estragos, tenencia, por­tación y suministro de armas de guerra, impedimento u obstruc­ción de contacto, penalización de actos discriminatorios, y delitos y contravenciones en el deporte y en espectáculos.

Es el cuadro de avances y re­trocesos de una agenda que viene muy cargada y alberga todo tipo de tensiones. Pero que, a la vez, resulta necesario despejar para resolver si finalmente la ciudad de Buenos Aires completa en todos los terrenos su postergada auto­nomía.