Como era de esperar, la oposición no esperó para celebrar la media sanción de la reforma al Consejo de la Magistratura, que busca limitar el poder del kirchnerismo en el órgano encargado de sancionar y desplazar jueces.

Para la diputada Margarita Stolbizer (GEN-Buenos Aires), la iniciativa que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados esta madrugada y fue girada al Senado, "puede ayudar a darle transparencia a la Justicia".

"Ese es uno de los principales reclamos de la sociedad. Sabemos que el Consejo no es el único problema, pero se trata de un órgano llamado a controlar el comportamiento de los jueces y puede contribuir a mejorar el Poder Judicial", planteó la legisladora en declaraciones a radio Continental.

Por su parte, el jefe de bloque de diputados de Pro, Federico Pinedo, opinó que la reforma que promueve la oposición "asegurará la independencia" del Poder Judicial.

"En el régimen vigente en la actualidad, todos los jueces sabían que sin el voto de un kirchnerista no podían ser nombrados jueces y que no podían ser removidos sin el voto de un oficialista. Con la nueva composición podrán ser independientes del poder político", ejemplificó.

Desde la vereda de enfrente, la diputada ultrakirchnerista Diana Conti indicó que con la elevación del número de miembros del Consejo "se vuelve a una sobredimensión" del cuerpo, algo que juzgó como "completamente innecesario".

"Además, con la composición propuesta por la oposición se pierde la representación popular, que es esencial para la democratización del sistema judicial", concluyó.

Los cambios. El proyecto votado propone aumentar de 13 a 18 los integrantes del Consejo, la restitución de la presidencia del cuerpo a la Corte Suprema, darle al Consejo una conformación con menos representantes del poder popular y reducir de 5 a 3 los miembros que responden al oficialismo.

En la actualidad, el cuerpo lo conforman seis legisladores (cuatro del kirchnerismo y dos de la oposición), tres jueces, dos abogados, un académico y un representante del Poder Ejecutivo.

Si la iniciativa se convirtiera en ley, se sumarían dos académicos (uno de ellos, proveniente de las ciencias sociales), dos abogados y el presidente de la Corte Suprema, que pasaría también a presidir el Consejo. Este último no integraría comisiones y sólo podría votar en casos de empate y en las decisiones que requieren reunir una mayoría de dos tercios del cuerpo, como la designación o el enjuiciamiento de magistrados.

Además, de los seis legisladores, sólo dos le corresponderían al oficialismo, mientras que los otros cuatro representarían a la oposición.

Los cambios apuntan a quitarle al oficialismo el poder de veto que tiene, después de la reforma sancionada en 2006, en las votaciones para postular o declarar el juicio político a un magistrado. Para esas decisiones se requiere el voto de dos tercios del cuerpo, es decir, de 9 de los 13 consejeros, mayoría que resulta inalcanzable sin el apoyo de por lo menos uno de los cinco representantes del oficialismo.