De esta forma, la oposición sintetizó la repentina intención del alperovismo para aprobar el próximo miércoles una ley que habilite la votación optativa de los chicos a partir de los 16 años en las elecciones de gobernador y vice, legisladores, intendentes, concejales y comisionados rurales, idea que, dada la mayoría parlamentaria con la que cuenta el oficialismo en la Legislatura, verá la luz la semana entrante.

A su vez, el proyecto, que cuenta con las firmas de Roque Tobías Alvarez, Sisto Terán, José León, Marcelo Caponio, Armando Cortalezzi, Alberto Herrera, Carolina Vargas Aignasse, Guillermo Gassenbauer, entre otros, determina que los jóvenes también tendrán la oportunidad de ser elegidos para cargos legislativos a partir de los 18 años. En la actualidad, el tope es a partir de 22 años para ser electo concejal y 25 para aspirar a una banca legislativa.

Al respecto, el senador José Cano (UCR) advirtió que el oficialismo usa a los jóvenes para avanzar con su proyecto reeleccionista. En esta línea, el presidente del radicalismo tucumano indicó que el gobierno "actúa con el sigilo y la velocidad que impone el actuar al margen de la ley. El proyecto no es otra cosa que una torpe y burda maniobra para justificar una reforma de la Constitución destinada a habilitar la reelección indefinida del gobernador y de los legisladores", sostuvo.

Justificó sus manifestaciones al destacar que la Constitución de Tucumán fija en su artículo 43 que el sufragio popular es un derecho y un deber inherente a la condición de ciudadano argentino. Luego establece que el voto rige desde los 18 años. Asimismo, en el artículo 46 de la Carta Magna, que está vigente, también se fija como requisito para ser legislador el haber cumplido los 25 años. "O los legisladores alperovistas no saben que no se puede cambiar la Constitución por una ley o pretenden tomarnos el pelo a los tucumanos", consideró Cano.

Seguidamente, el representante de la provincia por la minoría en la Cámara Alta, advirtió que "la sociedad tucumana no debería entrar en falsos debates. No está en discusión el derecho de los jóvenes a participar en política. Están usando este tema para avanzar con lo que aún queda en pie de la república. Los legisladores que quieren atarse a sus bancas y el gobernador José Alperovich que busca la perpetuidad de su proyecto familiar no tiene ningún interés en profundizar la democracia".

Invento legislativo

Por su parte, el legislador del PRO, Alberto Colombres Garmendia mostró su sorpresa al haberse enterado de esta iniciativa por los medios de prensa a lo que se suma el fugaz tratamiento que le impondrá el oficialismo a esta temática, que al aprobarse determinará que Tucumán sea la segunda provincia a nivel nacional en contar con una norma de tales caracteristias, puesto que San Juan fue pionera en avalar el voto joven durante la semana que pasó.

Además de coincidir con Cano en que no se condice lo expresado en el proyecto con lo que determina la letra constitucional en los aspectos detallados anteriormente, Colombres Garmendia aseveró que "también sería inconstitucional que dicho voto sea optativo ya que la Constitución Nacional establece el voto obligatorio. Las únicas excepciones son cuando existen motivos que impiden al ciudadano votar, como ser la distancia o la edad avanzada".

El referente macrista en la provincia, insistió en su tesis recalcando que "al oficialismo poco le importa el derecho a votar de los adolescentes, este proyecto es una burda trampa para reformar la Constitución y lograr lo que tanto anhelan: la reelección indefinida. Una vez que sancionen esta ley algún 'iluminado' del alperovismo advertirá que es inconstitucional e irán por la reforma", estimó.

En tal sentido, desde el PRO indicaron que "el oficialismo acaba de inventar una nueva técnica legislativa: en lugar de adaptar las leyes a la Constitución, pretenden invertir la pirámide jurídica y adaptar la Constitución a las leyes, lo que se traduce en una locura", caracterizó Colombres Garmendia.

En tanto, otro de los espacios políticos que también demostró su enérgico rechazo a lo planteado fue la Democracia Cristiana, al sostener que "modificar nuevamente nuestra Carta Magna, para permitir la perpetuación en sus cargos de quienes hoy nos gobiernan, va a profundizar un modelo institucional -ya imperante en la provincia- signado por una asfixiante concentración del poder en manos del gobernador, con la consiguiente y virtual desaparición de la división de poderes".

En este sentido, el parlamentario José Páez, al tiempo de calificar la iniciativa como "el proyecto despótico del alperovismo", adujo que avanzar en una hipotética reforma se constituiría "en el principal drama de los tucumanos: porque genera corrupción, asegura impunidad para quienes la cometen, disfraza los índices de pobreza y desocupación mientras la riqueza se concentra en manos de la oligarquía política gobernante, porque permite el imperio de la hiperdiscrecionalidad que mata el estado de derecho, porque empobrece la vida política desalentando la participación ciudadana. En fin, porque condena a Tucumán a no superar nunca su condición de provincia pobre, subdesarrollada y marginal", lanzó el democristiano.