Figueroa Vicario comentó que la iniciativa fue girada al Senado en 2009 y que no se lo aprobó ese año ni el siguiente, de manera que la sanción que se produce ahora, “no puede ser tomada como sanción definitiva”, como lo fue el jueves en la Cámara baja, girándose al Ejecutivo para su promulgación, sino que debió ser tomada como Cámara de origen y volviendo a su revisión a la Cámara de Diputados.

“Si queremos crear una figura a favor de la sociedad, lo hagamos cumpliendo con la ley magna como es la Constitución de la provincial”, señaló Figueroa Vicario recordando que el artículo 122 señala que el trámite establecido para la formación y sanción de las leyes, establece que la cámara revisora para darle sanción definitiva lo tiene que hacer en el año que ingresó o en el siguiente, no al tercer periodo.

“Si se diera a los 3 años, esa sanción vuelve a ser Cámara de origen (en este caso el Senado) y se debe remitir para su revisión (a Diputados)”, comentó.

“Si de entrada a la hora de la sanción de este importante instituto, como es el de Defensor del Pueblo, violamos la Constitución, de poco vale discutir si el designado para esa función debe ser independiente de los poderes políticos, o cual será el mecanismo de selección. Si de inicio su sanción es un brinco, a partir de la violación de nuestra Carta magna, para qué discutir lo demás”, afirmó el legislador.

De esta forma, el diputado justicialista remarcó que la iniciativa no puede prosperar debido a los vicios formales que se platean en el ámbito administrativo legal. “Si estamos hablamos de un instituto de vital importancia para la democracia y la defensa de los intereses colectivos, que solo se ve representado por una figura de este tipo, empecemos por cumplir la Constitución, sino empezamos mal y a contramano de lo que la normativa establece”, concluyó.