través de un comunicado de prensa, el bloque de diputados radicales expresó la situación de la siguiente manera: “El bloque de diputados radicales presentó un proyecto de ley denunciando el “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales”, celebrado en la Ciudad de Buenos Aires en fecha doce de agosto de mil novecientos noventa y dos, ratificado por la Ley Nacional Nº 24.130.

Por dicho pacto, las provincias cedieron en favor de la Nación el 15% de la masa coparticipable para financiar al sistema previsional público atento a que se había dispuesto la privatización del sistema jubilatorio con la creación de las AFJP. Esto significa en el caso de Misiones, pérdida de recursos por $ 780 millones solamente en el año 2011.

Al haberse nacionalizado las AFJP, dicha detracción carece de sentido debiendo restituirse a las provincias dichos recursos que legítimamente les corresponde.

En 1994 el constituyente de la reforma dio un mandato muy claro en relación a como se deben distribuir los recursos coparticipables entre la Nación, los Estados Provinciales y la ciudad de Buenos Aires. En efecto el artículo 75, inciso 2 establece que dicha distribución se efectuará “en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”. Lamentablemente la citada cláusula, luego de casi dos décadas de vigencia de la mentada reforma, no ha cobrado la operatividad que corresponde a partir del hecho de que no se ha avanzado en la formulación de un régimen de coparticipación acorde a su espíritu y objetivos. En tal sentido no menos grave es la situación planteada por la subsistencia de acuerdos entre la Nación y las Provincias, como el celebrado el 12 de agosto de 1992, que perjudican notoriamente a estas últimas y muy especialmente a la nuestra que sumisamente se conforma con los magros recursos que recibe por el mencionado concepto.

En tal orden de ideas no deja de sorprender las contradicciones en que incurre el gobierno provincial, siempre bien dispuesto a denostar cuanto se refiera a la ominosa “década de los noventa”, pero que no demuestra suficiente coherencia y coraje a la hora de reclamar lo que legítimamente pertenece a todos los misioneros.

No pasa lo mismo en otras provincias. Córdoba, Santa Fe y Corrientes ya han impulsado diversas acciones en defensa de un genuino federalismo fiscal. Misiones debe actuar en consonancia y abandonar este letargo provinciano de un inaceptable “dejar hacer dejar pasar” impuesto por una suerte de temor reverencial al poder presidencial.

El proyecto que impulsamos a efectos de denunciar el referido acuerdo tiene por objeto recuperar recursos para el erario provincial y así, real y efectivamente, clausurar un período histórico de tantos dolores y frustraciones. Es de esperar que sea acompañado por quienes desde la retórica dicen lo mismo pero a la hora de concretar las políticas prefieren cantar loas a un gobierno federal que sistemáticamente destruye el federalismo fiscal y los fundamentos mismos de la República”.