Sin embargo, el ex ministro de la Producción, Sergio Camacho (imputado en la causa junto a otras 8 personas), presentó a su favor actas "de constatación" en la cual se deja sentado que quienes recibieron los lotes vivían allí "desde hace 21 años continuando la ocupación y residencia pacífica que iniciaran sus progenitores".

La causa se inició por una denuncia dispuesta por pastajeros de Tolloche, en la cual dan a conocer (tras una investigación de Nuevo Diario), que 8 de los 11 lotes que fueron otorgados en precio promocional en las tierras fiscales, habían sido revendidos siete de ellos a meses de haber sido otorgados, y a 2 años el octavo.

La irregularidad se plasma en el hecho de que la transacción se realizó antes de los 10 años que se disponían como lapso para realizar esta venta.

En la denuncia se agregaba que algunos de los beneficiarios no cumplían con el requisito de haber vivido en el lugar desde hace al menos 20 años. Esto hizo suponer a los pastajeros que existió falsedad al momento de realizar las actas de constatación ante juez de Paz. Según se pudo conocer por las fuentes, Camacho adujo que el confió en los datos aportados en aquel momento (2007), por el Programa de Tierras Fiscales, en ese entonces a cargo de Ernesto Saravia.

Lo que llamó la atención de las fuentes fue que la documentación presentada por Camacho (las 8 actas que indican la posesión de los beneficiarios de los lotes), no hayan sido provistas por el Estado. Según indicaron las fuentes, el ex funcionario habría acercado las actas porque las habría tenido archivadas en su legajo personal.

Mientras, aunque hubo otros comodatarios que se quisieron presentar como querellantes en la causa, se rechazó la posibilidad. Esta se encuentra apelada a instancias de ser resueltas por un Tribunal superior al de Arancibia.