Juan Vera, integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), evaluó la situación del Instituto Provincial Autárquico de Seguridad Social en torno a la deuda millonaria que el Poder Ejecutivo Mantiene con la entidad a pesar de que una condena judicial del año 2006 lo obliga a efectivizar lo adeudado de acuerdo a lo establecido en la Ley 676.

Vera indicó que “el Gobierno, desde que asumió en el año 2007 y hasta el día de hoy, no pagó una sola cuota de lo normado en la 676 ni tuvo voluntad de hacerlo”. Recordó que en diciembre de 2009 intentó armonizar la caja y abstraerse del pago la deuda en los años subsiguientes.

Según lo prescripto por la ley en cuestión, el Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego debe abonar 151 cuotas de un porcentaje de lo que gasta en jubilaciones mensualmente. En su momento, cuando salió la ley, era el 60 por ciento de lo que se gastaba en jubilaciones y después de la Ley de 25 Inviernos pasó del 60 al 80 por ciento.

“Lo primero que dice el Gobierno para no pagar es que no tiene plata y no presupuesta la deuda a pesar de que fue condenado a pagarle al Instituto 438 millones de pesos”, señaló Vera recordando que “esos 438 millones, más otros juicios perdidos por el Gobierno, suman más de 500 millones de pesos”.

Los afiliados esperan que el Estado fueguino cumpla con sus obligaciones, aunque este volvió a dar muestras claras de seguir eludiendo el pago de la deuda. La estrategia adoptada por la gestión de la Gobernadora fueguina Fabiana Ríos se evidencia en el proyecto de Presupuesto 2012 a través del cual pretende modificar la Ley 133 para lograr que la acción judicial que la obliga a pagar la deuda millonaria deje de ser ejecutiva. Esto significa que si el Gobierno aduce que no tiene fondos para afrontar el pago la medida judicial se convertiría en meramente declarativa.

Vera confía en que los nuevos legisladores provinciales se predispongan a eliminar del Presupuesto 2012 los artículos que atentan contra los intereses de los trabajadores.