Comienza otra semana clave en el marco de la promoción industrial. El gobierno local y las empresas intentarán frenar una nueva embestida del organismo recaudador. Les reclama una diferencia en el valor de los bonos de crédito fiscal y amenaza con fundirlas. Y logró nuevos fallos a favor en la justicia federal de Córdoba, mientras se dilata la intervención de la Corte.
La justicia mediterránea llamará a una audiencia de conciliación a varias empresas y a la AFIP, luego que nuevos fallos judiciales obliga a las compañías a devolver gran parte del dinero acreditado en los bonos fiscales dolarizados tras la crisis económica de 2001.
El caso es un verdadero escándalo jurídico, porque la Corte Suprema de Justicia ya tomó intervención en algunos juicios planteados por la AFIP y, tras una audiencia de conciliación celebrada el pasado 28 de junio, ordenó a la Nación y a las provincias promocionadas (San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja) formar una comisión que procure un entendimiento. Hasta ahora, no se avanzó. Y mientras tanto, la justicia cordobesa sigue fallando a favor del organismo recaudador.
El secretario de Industria e Inversiones del gobierno local, Miguel De Gaetano, dijo que esta semana se trabajará, junto a la Fiscalía de Estado, con los jueces de la Cámara Federal de Córdoba.
De Gaetano dijo que las empresas afectadas, sobre un total de 60 radicadas, son 30. "Se trata de las fábricas que, tras la salida de la convertibilidad, acudieron a la justicia federal para mantener el valor de los bonos de crédito fiscal" y lograron fallos judiciales favorables en primera instancia, ahora rechazados por los tribunales de alzada.
El funcionario explicó que, sin esa "re-expresión" del valor de los bonos, es imposible para las fábricas "mantener la ecuación económica financiera, su producción y, especialmente, sostener las fuentes de trabajo".
"Del total de fábricas radicadas en la provincia, el 50% se encuentra en esta instancia judicial", advirtió De Gaetano.
Para el Secretario, si los fallos quedaran firmes a favor de la AFIP "significa lisa y llanamente el cierre de las empresas, porque la cuantificación de los montos que pretende cobrar el organismo recaudador hace inviable la continuidad de las fábricas. Y esa es la preocupación que tiene el Gobernador, que lo ha hecho saber en todas las instancias políticas y judiciales", precisó.
De Gaetano y el diputado nacional oficialista Jorge Yoma se reunieron la semana pasada con los jueces de la Cámara Federal de Córdoba y esta semana hará presentaciones el fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna. Con eso, la Cámara comenzará a llamar a las audiencias de conciliación entre las empresas, la provincia y representantes de la AFIP.
El problema urgente es que, con los fallos judiciales en contra, las empresas sufren el bloqueo de sus cuentas corrientes y eso puede afectar su funcionamiento y, sobre todo, el pago de los salarios a los trabajadores.
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