ACCIONES. Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Afip.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) denunció ante la Justicia a la firma Rural Power SA por trata de personas al descubrir que la totalidad de sus empleados estaban contratados de manera irregular y que la empresa les tenía prohibido la salida del predio sin previa autorización de los responsables.

El operativo se desarrolló en un campamento en el partido de Salto, provincia de Buenos Aires, perteneciente a la firma Rural Power SA, empresa que es contratada por la multinacional Monsanto.

En el lugar se descubrió que la totalidad del plantel de quienes realizan tareas de desflore de maíz no se hallaba debidamente registrado.

Además, trabajaban hasta 14 horas corridas, sus salarios eran retenidos y estaban obligados a abonar los alimentos que consumían a su propio empleador a un precio muy superior al de plaza.

Según relataron los trabajadores, en su mayoría nacidos en Santiago del Estero, llegaron a la empresa con la promesa de un trabajo digno que jamás se cumplieron.

De hecho, desde el momento de la contratación -documentada el 10 de diciembre último- sólo recibieron 200 pesos en concepto de “adelanto”.

Los agentes de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, pudieron constatar que si bien la firma había tramitado las Claves de Alta Temprana, al día siguiente las dio de baja.

Además, se verificó que el día 6 del corriente la empresa presentó la Declaración Jurada de Seguridad Social, sin incluir en las remuneraciones las abultadas horas extras realizadas. Ante estas irregularidades, la AFIP presentó la denuncia ante la Fiscalía Federal de Mercedes por trata de personas.

No es la primera vez que trabajadores santiagueños son reclutados por grandes empresas rurales para realizar tareas en campos sin respetar las normativas.

Un caso recordado fue cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos detectó trabajo ilegal y condiciones laborales infrahumanas en un establecimiento agrícola de Bahía Blanca, perteneciente a la firma Satus Ager S.A., durante un operativo de control de empleo registrado junto al Ministerio de Trabajo bonaerense.

En la explotación trabajaban 31 personas durante doce horas diarias en el desflore de maíz y vivían bajo condiciones indignas: sin energía eléctrica, ni agua potable, con baños precarios y durmiendo hacinados en grupos de hasta 18 personas en un mismo trailer de chapa.

La firma los reclutaba a través de un “cabecilla” en la provincia de Santiago de Estero y los trasladaban masivamente al campo en Bahía Blanca.

Los directivos de la empresa debieron declarar por estar sospechados de cometer los delitos de “trata de personas” y “reducción a la servidumbre” a los peones.l