Se trata de las partidas previstas por el gobierno nacional para las provincias que adhirieron, pero que dependen del envío de información.
Los legisladores aprobaron también en general una ley de reserva de dos callejones de arreo en el norte provincial, sobre la Ruta Provincial 43, y un repudio a la destitución de Fernando Lugo como presidente de Paraguay.
Pero más allá de expedientes votados, el debate que marcó el cierre del primer semestre legislativo pasó por el conflicto que rodea a la ley de bosques nativos. A poco de iniciar la sesión, la legisladora oficialista Graciela Muñiz Saavedra criticó a los empleados de la Dirección Provincial de Bosques Nativos, con sede en San Martín de los Andes. Les reprochó que se opongan a la forma en que se está aplicando la ley que protege las forestaciones nativas y “que fue arduamente consensuada”. También vinculó la protesta con el alejamiento de Daniel Bocos, uno de los manifestantes, de su cargo de director.
“Me indigna que mezclen un tema personal y alerten a la población vilmente diciendo que la reglamentación se está haciendo por abajo”, objetó la diputada, quien advirtió que de no enviar al gobierno nacional los registros sobre la protección de los bosques se cortará el flujo de fondos.
Raúl Podestá, del Frente Grande-MUN, defendió el reclamo de los trabajadores y confirmó que la oposición tiene previsto reunirse con ellos este lunes. Argumentó que “los diputados opositores estamos muy preocupados por el manejo del bosque nativo” y cuestionó a Muñiz Saavedra por “poner en duda la honorabilidad” de los empleados en conflicto.
En la misma sesión, se aprobó por unanimidad una declaración de preocupación por las restricciones a las exportaciones de manzanas y peras por parte de Brasil, que también expresa un respaldo a las gestiones iniciadas por los gobiernos de Neuquén y Río Negro.
El diputado Eduardo Enríquez (MPN) remarcó que, por una represalia de Brasil a medidas del gobierno argentino, en un mes se acumularon 50 millones de kilos de fruta en las cámaras de frío, equivalentes a 70 millones de dólares, y hay cerca de 10 mil trabajadores sin tareas.

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