La economía de Rafaela, en especial los rubros asociados a la industria de la construcción, podrían sufrir un impacto negativo por la aplicación de las nuevas exigencias que la Provincia impuso a las empresas urbanizadoras. Esta es la visión que tienen concejales y funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal después de analizar, ayer, la problemática que genera una resolución de la Dirección de Catastro vigente desde mayo pasado que obliga a todos los proyectos a solicitar una autorización especial ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia. En este organismo se definirá la categoría de cada nueva urbanización. Solamente aquellas contempladas en la primera no deberán realizar un estudio de impacto ambiental (EIA) pero el resto deberá resignarse a agregar un nuevo costo a su proyecto, explicó la secretaria de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la Municipalidad de Rafaela, Mariana Nizzo, durante la reunión que mantuvo con los concejales. “Las urbanizaciones que sean incluidas en la categoría 1 evitarán la realización del estudio de impacto ambiental mientras que las restantes deberán hacerlo. Los estudios apuntan principalmente a residuos, accesibilidad, los desagües pluviales y los servicios, que comprende provisión de agua potable, cloacas y electricidad”, aseguró la funcionaria, quien estuvo acompañada por el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Luis Ambort. - ¿Cuántas urbanizaciones ya están demoradas a raíz de estas nuevas exigencias de la Provincia?, preguntó LA OPINION. - Hay más de 700 lotes de distintos loteos de Rafaela demorados por la implementación de esta nueva resolución de Catrastro. El presidente del Concejo Municipal, Jorge Maina, fue el encargado de la apertura del encuentro con los funcionarios del DEM. “Queremos en esta reunión contarle acerca de la reunión a la que asistimos la semana pasada con los secretarios de Hábitat, Gustavo Leone, y de Medio Ambiente, César Mackler, para analizar la resolución de Catastro que cambia las reglas de juego para futuras urbanizaciones”, expresó. Y después se descargó. “En lo personal creo que hay una gran improvisación. Nosotros fuimos a plantear el problema de los 189 lotes del barrio Mora adjudicados en julio y que el Instituto Municipal de la Vivienda debe entregar en diciembre a sus compradores. Pero resulta que ahora debe hacerse un estudio de impacto ambiental”, sostuvo Maina. Además, el titular del cuerpo legislativo aseveró que “en la misma situación se encuentran los 1540 lotes que se obtendrán de la urbanización de terrenos del Municipio y de la Provincia a partir del convenio firmado por el Intendente (Luis Castellano) y del Gobernador (Antonio Bonfatti)”. Al respecto, subrayó que “está claro que se debe cumplir con la ley” por lo que anticipó que ahora también se deberá efectuar un estudio de impacto ambiental por los 1540 terrenos. De todos modos, cuestionó a la Provincia porque “no están claros los criterios que se tendrán en cuenta en la Secretaría de Medio Ambiente para categorizar los loteos o para analizar los estudios de impacto ambiental”. La principal traba es que cada loteador deberá explicar en el estudio de impacto ambiental cómo proveerá agua a la urbanización y el servicio de desagües cloacales. En Rafaela hay urbanizaciones consolidadas donde los vecinos cuentan con la red domiciliaria de agua pero no reciben una gota porque ASSA no tiene disponibilidad. Por tanto, los loteadores no podrían garantizar el agua y de esa manera sus proyectos se frenarían en la Secretaría de Medio Ambiente, más allá de que Leone deslizó que se construirían plantas de ósmosis inversa. Por su parte, el concejal Daniel Ricotti resaltó que “todos los loteos están en las mismas condiciones sin poder abastecer de agua a los compradores de los terrenos, por lo que hay un nuevo motivo para insistir por la construcción del nuevo acueducto, tenemos que estar junto a la gente y pelear juntos”. En tanto, el demoprogresista Luis Peretti consideró que “si esta situación se extiende en el tiempo la gente va a construir clandestinamente”, aunque Ricotti descartó esta alternativa “porque nadie va a invertir en un loteo sin poder escriturar”. El concejal Víctor Fardín advirtió que “la resolución de Catastro ya tiene un impacto negativo en la ciudad, hay créditos hipotecarios otorgados para la construcción de viviendas que están en el aire porque no se pueden registrar las propiedades y completar los trámites administrativos”. “La consecuencia de estas trabas puede ser un parate en la actividad económica vinculada a la construcción. Los proveedores de materiales, los profesionales, los plomeros, electricistas, carpinteros, talleres metalúrgicos figuran entre los directamente afectados por esta normativa. Es un impacto grandísimo. Si no hay habilitaciones nuevas la rueda de la construcción se detendrá con efectos muy graves para la ciudad, inclusive hasta puede afectar el nivel de empleo”, subrayó Fardín. Ante este escenario adverso, el legislador pidió “unidad” para “acordar una estrategia común entre el Estado local, los actores de la economía de la ciudad y el Concejo mismo para efectuar los reclamos en donde sea necesario”. Y por último consideró que “cuando la gente tome real dimensión de los inconvenientes que generan estas nuevas exigencias para loteos, que quizás puedan significar una traba permanente, va a venir al Concejo a plantear su malestar, su reclamo. Por eso debemos actuar ya mismo”.