Durante un reciente fallo, uno de los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra ciudad aconsejó que la Universidad Nacional del Sur debe mejorar las medidas de seguridad internas si pretende ponerle fin a la reiteración de hurtos y robos de material didáctico y audiovisual y efectos del personal docente y no docente, que tuvo su pico en 2009.

La advertencia la efectuó el doctor Angel Alberto Argañaraz, al opinar en el marco de una causa por el saqueo de un monitor de 15 pulgadas, marca Philips, del departamento de Agronomía de la UNS, en Altos del Palihue, cuyo autor no pudo ser identificado.

El expediente, número 67.400, llegó a la Cámara luego de que el juez de primera instancia rechazara el archivo de las actuaciones y ordenara al fiscal actuante profundizar la investigación.

El camarista Pablo Candisano Mera, en el voto minoritario, entendió que no había avasallamiento de la instrucción fiscal y que el magistrado de primera instancia tenía facultades para pedir la ampliación de la pesquisa.

Argañaraz, con la adhesión de su colega Néstor Luis Montezanti, opinó en sentido contrario.

En principio, remarcó que de las constancias de la causa surge que los empleados del lugar no reconocieron al joven que aparece en la filmación (autor del delito), como tampoco el denunciante y que el gabinete científico de la Policía Federal local dictaminó que la fisonomía del ladrón no se podía obtener, debido a la baja resolución de las imágenes de la cámara de seguridad y a la escasa iluminación de la salida.

Por ese motivo entendió que el juez podría exigirle al fiscal profundizar la investigación en casos "donde nada se hizo, lo que no es el supuesto de autos".

Es que la fiscalía libró oficio al gabinete técnico para que extrajera los fotogramas pertinentes, con el objeto de determinar la fisonomía del delincuente, para luego recibirle declaración a sus integrantes.

Sostuvo Argañaraz que "no se le puede decir al fiscal que investigue en contra de su voluntad, si el mismo dice que no hay elementos probatorios y útiles que permitan investigar más, lo que es rigurosamente cierto por otro lado, a lo que agrego que ni siquiera se afirma sobre qué otro campo de investigación se debe actuar.

"Comparto la opinión de la señora fiscal general subrogante en el sentido de que el hecho de que la Universidad Nacional del Sur sea asolada por innumerables delitos contra la propiedad (del juez de primera instancia), solo tiene como elemento común de que ha sido víctima de otro delito; siendo exacto que la decisión se funda en la sola voluntad del juzgador, que no ha demostrado la vinculación de este hecho con los otros", sostuvo Argañaraz.

Y fue en ese contexto que afirmó: "Lo que debe hacerse para evitar este tipo de delitos y poder reprimirlos no es resorte del fiscal federal, sino de la propia Universidad, colocando rondines de vigilancia y mejorando la resolución de imagen de las cámaras de seguridad del sector".

Su colega Néstor Montezanti apoyó esa postura y, en consecuencia, por mayoría de opiniones se revocó la decisión de primera instancia y se mantuvo en archivo la causa por el robo del monitor.

Resolución del CSU

La seguidilla de delitos dentro de las distintas instalaciones de la UNS había generado inquietud entre alumnos, docentes y autoridades, al punto que el Consejo Superior Universitario (CSU), con fecha 23 de octubre de 2009, ordenó medidas para paliar la inseguridad.

Mediante una resolución, señalaron que varios de los hurtos y robos se cometían en los horarios de actividad habitual del personal, lo cual demandaba cambios para preservar la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad universitaria, como así de los elementos de trabajo del personal y el patrimonio de la casa de altos estudios.

Consideraron que, por los horarios, los autores de los hechos tenían amplio acceso a diversos ámbitos, favorecidos por las características arquitectónicas de los edificios de la UNS y el diseño de circulación, de difícil control.

Por lo expuesto, el CSU resolvió, en primer término, habilitar como únicos accesos al edificio principal las entradas de la avenida Alem 1253 y la de la reja posterior al patio central.

En segundo lugar, que alumnos, docentes y no docentes exhiban durante su permanencia en el edificio la credencial de identificación provista por la universidad.

Tercero, que el personal que no dependa directamente de la UNS y preste servicios en dicho ámbito tendrá que mostrar una identificación que esté habilitada por la secretaría general Técnica o por la dependencia donde se realiza el trabajo.

En el punto cuarto, advertía que cualquier persona que no exhiba la credencial de identificación deberá acreditar su identidad, la cual quedará registrada en un libro de ingresos.

Por último, disponía la instalación de un sistema de monitoreo por cámaras y que la secretaría general Técnica tenía que implementar los aspectos de seguridad listados en los artículos anteriores.

De todas maneras, según observó ahora la justicia, las medidas respectivas no estarían funcionando como corresponde.