Advierten sobre posible responsabilidad penal del gobernador

Así lo manifestó el coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez, sobre la norma que habilita a ocupantes de tierras fiscales a la explotación forestal sin controles del Instituto de Colonización. Presentarán una acción de amparo.

En declaraciones a RADIO CIUDAD, El coordinador del Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela”, Rolando Núñez, relató que en el encuentro de General San Martín las organizaciones campesinas pidieron explicaciones sobre el decreto del 7 de noviembre del gobernador “autorizando la explotación forestal de los bosques nativos en tierras fiscales con el pretexto de auspiciar explotaciones forestales para la obtención de madera para los aserraderos y carpinterías del Chaco”. En este sentido, denunció que la normativa “viola la ley de Tierras, específicamente el artículo 29, viola la Constitución del Chaco que establece claramente los parámetros a los que se debe ajustar cualquier explotación forestal y, fundamentalmente, las atribuciones específicas que tiene el Instituto de Colonización en materia de administración no solamente de las tierras fiscales sino de los recursos naturales que existan dentro de las tierras fiscales”.

El abogado recordó que en el mes de febrero último el lobby del sector forestal “intentó hacer firmar un decreto al gobernador más o menos en la misma dirección y violando la ley de Tierras y la Constitución”, que, luego de las advertencias públicas, el primer mandatario finalmente no convalidó.

No obstante, Núñez alertó que “el decreto firmado por el gobernador es inconstitucional y autoriza el desmonte de manera descontrolada en las tierras si es que se termina de aplicar este decreto en los términos que fue sancionado por el gobernador”.

Por último, el titular del Centro Mandela adelantó que “estamos preparando una acción de amparo, a través de los derechos difusos, con una medida cautelar para impedir que entre en vigencia este decreto, porque claramente coloca al gobernador en una situación de notable irregularidad en el plano administrativo, legal y constitucional, también entabla, eventualmente, responsabilidades de tipo penal del señor gobernador”.

“El camino que le queda al gobernador es anular el decreto, y con ello va a quedar en evidencia que es un gobernador responsable, serio, reflexivo que advierte una irregularidad y la corrige rápidamente, ese es el camino. De lo contrario, van a producirse todo tipo de cuestionamientos, incluido judiciales, contra ese decreto”, aseguró.

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