Sobre la “abierta y artera maniobra de descrédito , sustentada en mentiras que difunde, por cuanto foro tiene la posibilidad de hacerlo, el médico Nuncio Toscano”, se advirtió desde la Defensoria del Pueblo, algo que incluso puso en conocimiento de todas las personas e instituciones públicas y privadas tanto de la provincia como del país, e incluso de las entidades internacionales.
Se advirtió que esta persona “aludiendo a la calidad de Secretario de Organización y Administración de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) presentó ante la Defensoría del Pueblo una andanada de escritos, vinculados a cuestiones políticas de quehacer provincial y nacional, pero sin acreditar en legal y debida forma el aludido carácter de miembro de una comisión sindical”.
Por este motivo es que la Secretaría Letrada del Organismo, área que asesora legalmente a la Defensoría del Pueblo, estimó preciso que, “previo a la apertura de cualquier actuación, el médico Nuncio Toscano, cumpla, como cualquier ciudadano, con el recaudo de acreditar personería suficiente para representar a la persona jurídica de la cual manifiesta ser parte de su órgano de gobierno”.
“No obstante lo cual, sin ánimo alguno que no sea el de mantener el accionar del Organismo de la Constitución, en el estricto orden de la legalidad y facilitar el curso de las peticiones del médico, se le solicitó que toda presentación que efectúe sea suscripta por el representante legal de AMRA, que no es otro que su secretario general, en los términos del artículo 16 inc. a) del Estatuto de la entidad Gremial, aprobado por Resoluciones 374/93; 284/95; 746/97; 675/98; 106/99; 920/06 M.T.E.y S.S., modificado por Resoluciones 1558/07 M.T.E.yS.S. del 19/12/08”, se expuso.
Fue detallado que “luego de que se solicitara al médico Nuncio Toscano que encuadre sus presentaciones a derecho, el mismo, evidenciando un desconocimiento supino de la Constitución y las Leyes de la Nación, en cuanto sus actos, como los de cualquier ciudadano, no se hallan excluidos de cumplir con los requisitos que impone la legalidad en un Estado de Derecho, inició por cuanto foro tuvo y tiene la oportunidad de utilizar, una andanada de falsas acusaciones contra la Defensoría del Pueblo de Formosa en general y contra su titular, José Leonardo Gialluca, en particular”.
Se indicó desde la Defensoría que “estas injurias deja al descubierto acciones de política partidaria que pretende llevar adelante desde el pretenso lugar de miembro de la comisión directiva de un sindicato, cuando tales actividades se hallan expresamente vedadas por la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales Nº 23.551, Art. 7º, siendo ello materia de análisis para el Tribunal de Ética de AMRA, conforme la normativa vigente, motivo por el cual no se abunda sobre el particular, más que para advertir a los destinatarios pasivos, de la infamia consumada por el presunto gremialista”.
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