El informe vuelve a poner en evidencia las transgresiones a la ley 5.128, a pesar de que los municipios reciben los fondos que provienen de la explotación minera desde el año 2004.

El informe elevado se divide en dos partes. La primera señala las irregularidades cometidas con respecto a la presentación y/o ejecución de proyectos que van en contra del espíritu de la ley cuando establece que los fondos “se aplicaran única y exclusivamente a financiar obras de infraestructura para el desarrollo económico y capacitación para actividades productivas”. La segunda parte del informe detalla las irregularidades que se cometen cuando los municipios hacen uso de los fondos de regalías mineras en efectivo mediante extracciones a caja, en contraposición con lo establecido por la norma vigente. Como consecuencia se detecta la existencia de importes pendientes de ser reintegrados a la cuenta especial habilitada.

Por el primer punto, uno de los municipios más comprometidos es Belén durante la gestión del ex intendente Daniel Ríos. Precisamente, el ex jefe comunal ya había sido cuestionado en una auditoría anterior por la inversión de los fondos mineros para un programa de becas municipales. Sin embargo, la gestión del FCS nunca aplicó la sanción que establece la ley de la retención de fondos cuando se advierten irregularidades.

Es por eso que Ríos volvió a insistir con un programa de becas universitarias para estudiantes de Belén que completaban estudios en Cuba. El financiamiento era de $ 500 por mes para 8 jóvenes mientras duren sus carreras. El TC ya había observado el proyecto y se lo había devuelto al municipio porque no respetar el artículo 5to de la ley. Fue por esta misma razón que también se rechazó un Programa de Becas de Capacitación para el Desarrollo de Actividades Productivas que data del año 2005. De igual manera, fue cuestionado por la inversión de fondos para la impresión de folletos para actividades turísticas.

Otro de los municipios comprometidos por la investigación del Tribunal es Antofagasta de la Sierra con la gestión de Carlos Fabián (FV). Es por esas irregularidades que la inversión del año 2010 no pudo ser verificada porque la documentación se encuentra en la Fiscalías de Belén.

Por último, cabe consignar que la auditoría se realiza porque la ley establece que el Tribunal de Cuentas de la Provincia realizará una auditoría anual para controlar el cumplimiento de la ley. "En caso de incumplimiento comprobado, el Poder Ejecutivo suspenderá de inmediato el depósito de los fondos, derivándolos a una cuenta especial hasta que el municipio respectivo restituya e invierta las sumas correspondientes en el destino determinado". Sin embargo, en siete años de inversión de regalías nunca se aplicó la sanción fijada.