Desde diversas áreas económicas y profesionales de la provincia criticaron la medida oficial.

Preocupación, enojo y advertencia, son las reacciones que generó el caldo de cultivo impulsado por la decisión del alperovismo en aumentar un punto las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos que recaerá sobre una rama variada de actividades, tales como el comercio, la construcción y las operaciones financieras.

El aval a esta iniciativa, que prácticamente tiene asegurado el Ejecutivo provincial, dada la mayoría aplastante con la que cuenta en la Legislatura, levantó la inquietud masiva de casi 30 representantes de diversas áreas productivas, industriales, de negocios y asociaciones profesionales que se reunieron ayer en la sede el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas (CGCE), con el objeto de manifestar su rechazo directo a dicho incremento tributario.

Durante la asamblea, los mayores reparos tuvieron como ejes, básicamente, dos cuestiones concomitantes; por un lado, la calificación negativa que tiene la estrategia gubernamental en materia impositiva, ya que se recalcó un impacto en lo que concierne a la merma en la capacidad de retención de mano de obra, debido a los altos costos que insumirá en cada una de las actividades insertas en este marco de ajuste.

Por otro lado, se cargó explícitamente contra el nivel de gastos llevados a cabo por parte del Estado tucumano, nivel de erogaciones que no muestran signos de ser reducidos, sino que se asocia esta medida a la idea de "hacer caja" a la que recurre el oficialismo con el objeto de campear un panorama complicado durante 2012, en plena crisis económica internacional.

Vale recordar que a partir de la aplicación de las nuevas alícuotas, la administración de José Alperovich pretende recaudar un monto extra cercano a los 400 millones de pesos, lo que redundaría en un saldo final de tributaciones que oscilará los 3.300 millones en el presente ejercicio.

Motivada en sus objeciones por la idea de que este encarecimiento influirá en demasía en los parámetros de consumo de la población, la presidenta del CGEC, Patricia Manso adujo que "el comercio será el más afectado y se notará mucho más el tratar de achicar costos, lo que implicará que en la provincia se produzcan despidos de personal y cierre de locales, porque cuando hay un proceso de desaceleración económica, este tipo de aumentos en impuestos es rotundamente negativo. El Gobierno, en lugar de achicar gastos, aumentó los impuestos", protestó.

Al asegurar que el Ejecutivo necesita el dinero y por ello apela a "presionar a la población" instó a establecer un límite para esta actitud puesto que indicó que "nunca se recauda más o se evita la evasión, aumentando impuestos".

De acuerdo a lo manifestado por el titular de la Cámara de Comercio de Tucumán, Raúl Fioretti, la medida a instrumentar provocará "a nivel comercio minorista un 40 por ciento de incremento en los impuestos". Al respecto, ejemplificó que un comercio que paga diez mil pesos de Ingresos Brutos en el mes de marzo, con la misma venta y aplicada la nueva alícuota, pasará a pagar 14 mil pesos en abril.

"La única posibilidad que nos queda es transferir eso (el aumento) al precio final. Es tremendamente imposible el poder cumplir con esta situación a la que nos lleva el Gobierno", advirtió Fioretti. Remarcó, en este mismo sentido, que "ya se está notando la recesión y baja de empleo", contexto que le llevó a considerar que en el comercio "la primera variable de ajuste que va haber, en el caso de bajar costos, es el empleo, no hay otra posibilidad de ajustar sus valores y costos", reconoció.

Al borde de la quiebra

Así también, el empresario señaló que, en lugar de oprimir la labor mercantil, el Gobierno debiera recurrir a otros mecanismos o bien echar manos a herramientas factibles que "bajen el gasto a los efectos de que la plata alcance. Si no bajo mis gastos es muy fácil aumentar los impuestos para cubrir los baches que pueda haber", remató.

Paralelamente, se consignó que el incremento tributario complicará aún más el panorama que hasta el momento se proyectaba en las finanzas de los sectores involucrados. De este modo, se planteó que si en este momento ya se nota una baja de consumo abarcando los meses de febrero y marzo, "me imagino que en el futuro, a mayores precios, el consumo va a estar resentido, transformándose en un círculo vicioso", alegó Fioretti.

Otra de las entidades que también asistieron a la reunión y expresaron una actitud crítica a la disposición económica oficial, fue el Colegio Farmacéutico de Tucumán, cuyo referente, Fernando Esper afirmó que este tipo de negocios "están muy preocupados, no podemos aceptar este cambio que nos lleva al borde la quiebra a la pequeña y mediana farmacia puesto que afectará en un 40 por ciento su rentabilidad".

Seguidamente, el profesional hizo mención a las consecuencias que treaerá aparejada en otra rama de la cadena de comercialización de medicamentos, como lo son las distribuidoras o droguerías, ya que pasarán de pagar mensualmente 330.000 pesos por Ingresos Brutos a tributar 660.000 pesos.

Al ser consultado sobre las posibles implicancias en el precio de las medicinas, dadas las nuevas tarifas homologadas legislativamente en la sesión del lunes, Esper descartó dicha situación, al argumentar que "nosotros tenemos un costo y un precio fijado por el manual farmacéutico del cual no podemos movernos, de ninguna manera podemos trasladar los precios porque son estandarizados, por ende tenemos que absorber esos gastos".

"Corren riesgo las fuentes de trabajo de los empleados de las pequeñas y medianas farmacias, nosotros no tenemos a quien ajustar, tenemos que intentar aumentar las ventas, que tampoco es fácil, o bien bajar los costos. Estamos tensando la cuerda demasiado con este aumento", se quejó.

Asimismo, el legislador de la Unión Cívica Radical y vice presidente de la Asociación Productores de Papa, Roberto Sánchez, estimó que "en los comercios, el aumento implica una erogación que no podrán soportar, que será trasladado a los consumidores y aumentará la inflación. Todas las empresas tratarán de achicar gastos porque no podrán cumplir, y en lugar de recaudar aun más, no será así. Recibimos un impuestazo que genera una disconformidad de todos los tucumanos".

Finalmente, desde el sector agropecuario, fue José Manuel Avellaneda, titular de la Sociedad Rural, quien postuló una particular tesis para explicar el por qué de la decisión adoptada por la gestión alperovista en materia tributaria. "Esto resulta irritativo, y parece que como nosotros hemos objetado la primera reforma al Código Tributario y que ha sido declarada inconstitucional por la justicia, entendemos que esto puede ser una represalia a la actividad nuestra de querer modificar el Código".

"Se dijo que esta nueva reforma no alcanzaba al sector primario, pero afecta a todos los servicios agrícolas, a las labores que se realizan en los campos, a la ganadería bovina en sus formas de invernada a campo y feet-lot, en un momento donde se necesita el apoyo oficial y no mayor presión fiscal. El campo no podrá, en esta ocasión, pagar los costos del creciente gasto público", sentenció Avellaneda.

“Medida para una justa redistribución de las riquezas”

El "tarifazo" ideado por el alperovismo no sólo demuestra el malestar de sus detractores, sino que cobija también a sectores que comulgan con este proyecto. Tal es el caso del Movimiento de Unión Popular (MUP) al manifestar que los recursos obtenidos a través del aumento en Ingresos Brutos "son fundamentales para sostener los insumos básicos en hospitales, escuelas y comedores, entre otras áreas sensibles".

Para justificar esta postura, Luis Romano, Secretario general de la agrupación, recordó que mientras en Tucumán se llevan a cabo las negociaciones paritarias, "en el resto del país ya hay provincias que ni siquiera pueden afrontar los salarios existentes. Entendemos que esta medida afecta a un sector de la sociedad que es minoritario y como dirigentes y gremialistas respaldamos que el ajuste no se realice sobre el bolsillo de la clase obrera. Entendemos que las medidas servirían para lograr una justa redistribución de las riquezas", adujeron desde el MUP.