Aparentemente, sin mediar acto administrativo de desvinculación con el Estado fueguino, dice hacer sido removido de su cargo “luego de plantear irregularidades de la gestión de los entonces subsecretario Daniel Blázquez y del Director Provincial de Capacitación y Nuevos Proyectos, y hoy Secretario de Gestión de Hidrocarburos y Energía, Ricardo Luis Saporiti. “Lamentablemente, hay muchas otras irregularidades que no puedo denunciar porque he firmado un acuerdo de confidencialidad que me lo impide”, asegura el profesional.

Brunstein parte de la base de que “el mejor escenario sería que el Estado argentino se convirtiese en el ÚNICO dueño y administrador de todos sus recursos no renovables, específicamente los hidrocarburos y los minerales”, porque a diferencia de otros sectores de la economía, “la industria de extracción se beneficia por el simple hecho de estar literalmente sentados sobre un bien que, de acuerdo con la Constitución Nacional, pertenece al Estado argentino”.

Asegura que en la actualidad, “el Estado argentino es dueño de estos recursos, pero no administra la mayoría de los mismos y no tiene la libertad de gestionar su explotación”. Y aunque existe una ley nacional de hidrocarburos, la 17.319, “que delinea en forma general cómo las empresas que explotan las concesiones otorgadas por el Estado deben explorar, explotar, invertir y conducir sus negocios (…), la gran renta petrolera sigue cayendo en manos privadas”.

“El mito acerca de la presunta ineficiencia del Estado para administrar en general, y estos recursos en particular, es solo eso: UN MITO. Los conceptos de eficiencia estatal y eficiencia privada no pueden coincidir jamás”, expone.

“Las negociaciones deben ser totalmente transparentes y abiertas a todo el público”

En un análisis fino del proceso de renegociación Hidrocarburífera en Tierra del Fuego, el economista plantea que el Gobierno de Fabiana Ríos debe negociar las extensiones de las concesiones de explotación de la industria de extracción “como un mero agente, no como su dueño”, ya que el único propietario son los habitantes del propio Estado. “Esto implica que todas las negociaciones deben ser totalmente transparentes y abiertas a todo el público y con acceso amplio e inmediato para todos los medios de comunicación masiva, para que todos los ciudadanos argentinos, no solo aquellos que vivan en el territorio afectado por una negociación, tengan derecho a informarse y opinar respecto de lo que se discuta. De no ser así, se protegerían los intereses de las corporaciones por sobre los intereses de los argentinos”, advierte.

“El Gobierno provincial, como mero administrador de los bienes del Estado, tendría que proveer un marco político y democrático para que los fueguinos canalizaran en forma rápida y efectiva su opinión acerca del estado actual de las negociaciones con las empresas que intentan renovar sus concesiones en su territorio”, agrega.

Y en el mismo tono de advertencia, le sugiere que actúe “asesorado por varios técnicos y expertos de formación sólida y heterogénea demostrable”, y “sin compromisos históricos con las empresas de la industria de extracción”.

“La formación y el funcionamiento de la comisión encargada de negociar con las empresas deben estar totalmente abiertos al escrutinio constante de los fueguinos y de cualquier argentino interesado en dicho proceso. Los miembros de la comisión negociadora deberían ser seleccionados mediante concurso público de oposición abierto a todos los profesionales argentinos idóneos y calificados que residan dentro o fuera del país independientemente de su afiliación política u otras consideraciones extra académicas. Lo fundamental es contar con individuos bien formados en las áreas de geología, ingeniería con especialización en industrias de extracción, economía y abogacía, entre otras, que estén dispuestos a defender los intereses de los argentinos y no de las corporaciones”, sentencia Brunstein.

A tono con sus consideraciones en materia de transparencia pública el economista expresa, que en estas reuniones de renegociación (…) debe existir la presencia de veedores, “tales como representantes de los trabajadores del sector, periodistas, representantes de organizaciones no gubernamentales del sector, representantes del Gobierno Nacional, entre otros”; pide establecer “en forma clara y precisa, antes de comenzar las negociaciones, cómo se labrarán las actas correspondientes a cada reunión, dónde y cuándo serán archivadas y cómo serán puestas a disposición de todos los ciudadanos interesados en revisarlas”, y exhorta a que “en ningún momento y bajo ninguna circunstancia ningún miembro de la comisión negociadora debería mantener reuniones con los representantes de las empresas interesadas fuera del marco de las reuniones de la Comisión”.

“Ninguna empresa merece ser tratada de forma preferencial”

Brunstein introduce un párrafo de total actualidad en el proceso de renegociación, al considerar “de fundamental importancia asegurarse que las empresas que intentasen renovar sus concesiones no tuviesen ninguna deuda con el Estado. No es aconsejable extender las concesiones a empresas cuyo plan es saldar sus deudas con los ingresos futuros potenciales pues, de fallar éstos, no podrían pagar, exponiendo al país a un riesgo financiero innecesario que no le corresponde. Desde lo político no es aconsejable hacerlo porque se perdería la credibilidad ante la opinión pública. Ninguna empresa merece ser tratada de forma preferencial. Ningún banco con el cual una persona común y corriente tiene una deuda impaga estaría dispuesto a otorgarle nuevos créditos”, compara.

“Más allá de los detalles técnicos que pudiesen surgir durante el proceso de negociaciones –indica el funcionario–, el Estado debería poseer toda la información fehaciente y necesaria para evaluar en forma precisa el valor potencial de los recursos que aún no han sido extraídos y no reducir su precio durante las negociaciones, ya que este valor es un activo que le pertenece a toda la población, presente y futura. Ningún ciudadano estaría contento si supiese que el acceso a un recurso valuado en 100 pesos, por ejemplo, fuera concedido en 10 pesos solo para que un funcionario de turno lograra ser parte de una renegociación, sin tener en cuenta las consecuencias negativas para nuestras generaciones futuras”, expresa Brunstein en una comparación que podría tener correlato en una situaciones de la que podría haber sido testigo.

Por lo tanto, vuelve a sugerirle al Gobierno provincial, que “debe negociar tomando en cuenta que las empresas petroleras y mineras especulan con la posibilidad de que en el futuro les convenga abandonar los acuerdos establecidos cuando otras inversiones aparezcan en el horizonte. Los acuerdos deberían tener cláusulas con penalidades que fuesen lo suficientemente duras, más allá de perder las áreas concesionadas, para que aquellas empresas que decidieran radicarse en el país invirtieran en exploración y explotación en beneficio del país. Este es el mensaje que hoy está emitiendo el Gobierno Nacional. Es el mensaje que debe ser adoptado por todas las provincias”, expresa, al tiempo de recuerda que “el trato fiscal preferencial hacia la empresas del sector de hidrocarburos NO es legal en la Argentina, puesto que la ley vigente excluye a las empresas vinculadas al sector de hidrocarburos de tal beneficio, el cual siquiera ha progresado a favor de las empresas mineras en su reclamo ante tribunales argentinos cuando quieren ampararse en la Ley 24.196. Obviamente, las empresas del sector de hidrocarburos, en este contexto, no tienen espacio legal para pedir ventajas fiscales”.

Lo que no debe hacerse

Para el doctor en economía “no se debe ignorar la norma que regula estos procesos y se debe dar cumplimiento a aquellas normativas que, aunque criticables, dieron lugar a los mismos”.

En el caso concreto de Tierra del Fuego, la Resolución SH Nº 08/11 es aquella que regula las renegociaciones de las concesiones hidrocarburíferas de la provincia y que requiere:

• La notificación de todos sus actos (la Comisión será competente para conducir el proceso de negociación, para lo cual gozará de facultades suficientes para establecer fechas y lugares a fin de llevar a cabo las rondas de conversaciones, recibir, abrir y analizar presentaciones. Podrá, asimismo, prorrogar términos, emitir informes, dictámenes, recomendaciones, requerir informes, documentación y especificaciones técnicas y/o contables, convocar a las reuniones a las personas cuya idoneidad considere necesaria, de acuerdo al grado de confidencialidad o especificidad de cada tema; y realizar todo acto necesario a efectos del debido cumplimiento de sus objetivos) a la autoridad de aplicación. “Durante el período en que me desempeñé como Director Provincial de Renegociación de Concesiones y Áreas Revertidas —que comenzó en 14 de enero y culminó el 30 de noviembre de 2011— no se presentó ningún informe escrito al Secretario respecto de lo actuado por la Comisión”, asegura.

• Analizar la información presentada respecto a las concesiones, de conformidad con lo establecido en el art. 2º de la Resolución SH Nº 59/10, a los efectos de llevar a cabo la negociación. “Una vez realizado el análisis de la información presentada, la misma se debería confrontar con el informe que presentaría la Universidad San Juan Bosco, o la que eventualmente la reemplazaría, conforme lo previsto en el artículo 4º de la Resolución SH Nº 59/10. Sin embargo, a pesar de que lo requerí en múltiples oportunidades, la Comisión no llevó a cabo dicho análisis ni antes de mantener las primeras reuniones —que comenzaron en el mes de febrero de 2011— ni antes de intercambiar borradores de acuerdos con las empresas, como se inició, para mi sorpresa, a partir del mes de junio de 2011. La Comisión debió haber analizado la información presentada por las empresas luego de confrontarla con el informe presentado por la Universidad San Juan Bosco. Este ejercicio nunca tomó lugar mientras fui Director Provincial de Renegociación de Concesiones y Áreas Revertidas, en abierta violación de la Resolución 08/11, y hasta la fecha no he sido convocado para ello a pesar de que no he sido removido de la Comisión”, denuncia.

• Citar a la/s empresa/s interesada/s para iniciar la ronda de conversaciones tendientes a establecer las condiciones de la eventual prórroga de la concesión de explotación luego de, con el resultado de los estudios técnicos aportados por la Universidad, analizar la información disponible para establecer una estrategia. “Las reuniones con las empresas interesadas se realizaron sin que hubiera un análisis previo de los estudios técnicos aportados por la universidad”, añade.

• Notificar de las reuniones con una anticipación no menor a cinco (5) días hábiles administrativos mediante nota numerada e identificada con la letra correspondiente y notificar a la autoridad de aplicación de los resultados de dichas reuniones. “Durante el lapso de mi participación en la Comisión, se incumplieron varios aspectos de este punto.

Fui removido de mi cargo luego de criticar, por medio de comunicaciones a través del correo electrónico con algunos miembros de la Comisión (porque no tenía acceso a otro medio), irregularidades de la gestión de los entonces Subsecretario Daniel Blázquez y del Director Provincial de Capacitación y Nuevos Proyectos, y hoy Secretario de Gestión de Hidrocarburos y Energía, Ricardo Luis Saporiti”, relata en su escrito.

Por último, Brunstein señala que sigue siendo parte de la Comisión creada por la Resolución SH Nº 08/11, “ya que no he sido notificado de lo contrario. Sin embargo, no he sido convocado a participar de ninguna reunión ni he sido notificado de ninguno de los avances en las renegociaciones. A pesar de ello, me he enterado por los medios masivos que estas renegociaciones han seguido su curso”.

“Lamentablemente, hay muchas otras irregularidades que no puedo denunciar porque he firmado un acuerdo de confidencialidad que me lo impide”, concluye. (Texto completo: http://luisbrunstein.wordpress.com/2012/02/09/renegociacion–de–contratos–petroleros/.)