También le reclamó al alto cuerpo gestiones para exigir el dictado de la ley de autarquía financiera para, entre otras cuestiones, dar una inmediata respuesta a los empleados judiciales que por estas horas mantienen casi paralizada la actividad en el área.

En un extenso, pero esclarecedor documento al que tituló "La emergencia judicial", el reconocido letrado, sostuvo que "la crisis, la emergencia judicial, se manifiesta en la falta de designación de magistrados y funcionarios judiciales en cargos que han quedado vacantes durante demasiado tiempo, en la mora consuetudinaria que a diario padece la ciudadanía que debe deambular, día a día, por los pasillos tribunalicios para lograr algún resultado. Largo tiempo de frustraciones en todos los fueros".

De acuerdo con Berger, "estamos hablando del tiempo que demoran las causas en ser resueltas, de los meses que transcurren para obtener resultados, es decir nos referimos a la cuestión cuantitativa, es decir cuánto tiempo se debe esperar. El factor cualitativo merece un tratamiento por separado, especial".

En ese aspecto, recordó que actualmente los agentes judiciales se encuentran realizando paros, en reclamo de reivindicaciones laborales, entre ellas mejores salarios, lo que constituye solamente otro elemento que profundiza la crisis judicial consuetudinaria. "Al parecer el Superior Tribunal de Justicia aún no ha tomado decisión alguna para hilvanar una salida, lo que resulta sorprendente frente a la gravedad de la situación, aunque parece que no le dá esa entidad al problema", opinó.

"Siempre he criticado la legislación de emergencia especialmente por su reiteración, sin que se logren no obstante las soluciones de los problemas que se argumentan como fundamento de ella, pero la justicia en este momento debe ser declarada en emergencia, es decir poner en acto la norma legal que así lo autoriza, que confiese hallarse en crisis y asumir la solución de ella", reflexionó en relación a la legislación existente desde 1995 avalada por el poder político provincial.

"Un acto de responsabilidad de esta naturaleza es indispensable. Así como los funcionarios y magistrados permanentemente convalidan las leyes que declaran la emergencia en la Provincia, hoy, ya, deben pensar en su propia emergencia, con la diferencia que la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene contemplada la solución de estas situaciones", planteó.

PROPUESTA

"El artículo 16 de la mencionada norma dispone el otorgamiento de las vacaciones o feria judicial tanto de verano como de invierno y faculta al Superior Tribunal de Justicia a postergar, suspender y/o dejar sin efecto, total o parcialmente las mismas por razones justificadas. Claro, ello conlleva el reconocimiento por parte de las máximas autoridades judiciales de la existencia de dicho estado de "necesidad" que está a la vista", describió.

"De acuerdo con esta norma podrían magistrados y funcionarios, con el personal habitual de las ferias, con los plazos procesales suspendidos, elaborar las sentencias, autos interlocutorios y hasta proveídos simples y poner al día las causas atrasadas", amplió.

"Los ejemplos de la crisis judicial que imponen esta "declaración de emergencia" abundan y son de público conocimiento; los palpamos diariamente en los proveídos demorados de los escritos, en el dictado tardío de las sentencias, en las acordadas del Superior Tribunal otorgando ampliaciones para dictar sentencia, en la falta de una estructura edilicia suficiente porque la actual ya no cubre las necesidades", graficó.

"Los recurrentes pronunciamientos de los jueces validando las leyes que admiten que el Estado pague a sus acreedores según sus posibilidades -sin control posible-, lo que conlleva la "facultad" de decirle a esas personas acreedoras "hoy no se le puede pagar", situación que, ya superó las dos décadas, siempre bajo la consigna de que ello no altera los derechos en lo sustancial, lo que impone, en atención a tantos que esperan sus "sentencias", que esos funcionarios y magistrados asuman esa crisis y resignen sus vacaciones", proclamó.

"La diferencia es grande. No se les pide a los funcionarios que no cobren. O que esperen, como ellos dicen a los acreedores del Estado, que haya fondos suficientes o que termine la emergencia. Sólo que resignen sus vacaciones, aunque más no sea parcialmente. Es una solución justa. Sería pedir a los jueces que se coloquen en condiciones igualitarias con los ciudadanos comunes", destacó al profundizar su postura.

AUTARQUÍA

Berger consideró, asimismo que "el Superior Tribunal debe exigir el dictado de la ley de autarquía financiera, la creación de nuevos juzgados, fiscalías, defensorías y asesorías y una adecuación de la estructura edilicia. Esto implica también una reforma presupuestaria y la consideración inmediata de los reclamos de los agentes judiciales en huelga".

Y cerró: "no debo dejar de mencionar que es indispensable para que el Superior Tribunal de Justicia autorice a magistrados y funcionarios a dictar clases en universidades y otras instituciones que imponga como requisito de dicha autorización que el juzgado o dependencia a cargo de quien solicita dicho permiso esté al día con su trabajo, es decir que no tenga expedientes con trámites demorados".