Ayer los diputados que integran la comisión de Asuntos Constitucionales comenzaron a tratar el proyecto que remitió el TSJ para autorizar el uso del remanente de los fondos autorizados por el Ejecutivo provincial a través del decreto 1095/10, para financiar al Poder Judicial el año pasado.

Si bien las posturas sobre el planteo favorecen su aprobación aunque el diputado Ariel Kogan (PJ) solicitó que se informe si los fondos pueden ser utilizados libremente dado que señaló que "me preocupa porque no están en el presupuesto de este año sino en el del año pasado", los legisladores coincidieron en señalar que la propuesta en realidad revela una fuerte polémica que se desatará el año entrante y que es la crisis financiera de ese poder autárquico del Estado.

La secretaria adjunta de Sejun, Marisa Stagnaro, explicó que "luego de tener presupuestos superavitarios desde hace dos años tenemos un fuerte déficit que se debe fundamentalmente a que desde el Ejecutivo se ha alterado la relación de nuestra financiación que por ley es del 5% del total del presupuesto provincial, para pasar a ser del 3,4 ó 3,2% porque hay muchos ítems que no se están coparticipando".

La dirigente detalló en ese sentido que "con los 15 millones de pesos que quedan de los 30 millones que tenía el decreto se alcanza a pagar los salarios hasta diciembre y el aguinaldo" y agregó que "es necesario rediscutir el financiamiento porque no puede haber independencia de poderes si no hay independencia financiera".

La diputada Paula Sánchez destacó que "esta modificación en el financiamiento no sólo viene de que el gobierno está recibiendo fondos que no coparticipa como el Sojero, sino también del crecimiento que ha tenido el Poder Judicial en lo que hace a dependencias que son necesarias porque la provincia crece y que faltan muchas más pero no se las puede abrir por esta falta de recursos que va a llevar inevitablemente a que el año entrante al tratar el presupuesto 2012 del Poder Judicial se deba discutir un aumento en sus recursos".