Tomando como base un análisis llevado a cabo por la organización DUDAS (Defensa Usuarios Abastecimiento y Servicios), durante el 2012 se registró un importante deterioro en la eficacia y equidad de las instituciones provinciales que deberían defender a los ciudadanos de los abusos producidos por el estado y la actividad privada.

Al respecto, y en una enumeración ejemplificadora que sustente lo diagnosticado, la entidad describió que "la Defensoría del Pueblo no tiene atribuciones para hacer cumplir sus resoluciones. Sólo se limita a pedir informes y solicitar al denunciado que cambie su conducta", indicó, al tiempo de aseverar que por esta situación "no resuelve casos como las denuncias contra la SAT (Sociedad Aguas del Tucumán) que indebidamente exige a sus clientes el pago de periodos legalmente prescriptos".

Se precisó también que en la Dirección de Comercio Interior, luego de la audiencia inicial de conciliación, se le niega al denunciante su posterior intervención para ejercer el derecho constitucional de la libre defensa de sus intereses. En tanto, se planteó, a su vez, que tampoco se le permite al denunciante recibir en la audiencia la asistencia de un asesor personal, salvo que incurra en el gasto de contratar un abogado.

Al mismo tiempo, DUDAS advirtió que "preocupa el panorama del funcionamiento de los servicios públicos. Tanto el EPRET (ente regulador de la energía) como el ERSAC (agua y cloacas), estuvieron intervenidos durante años por el Poder Ejecutivo, con pérdida de independencia y autarquía lo que hizo que su actuación fuera irregular e insuficiente para solucionar con justicia los reclamos de los usuarios afectados, que quedaron sometidos a las discrecionales acciones de los prestadores de los servicio".

Paralelamente, la organización indicó que la unificación que realizó la Legislatura de los dos entes reguladores de la provincia en el ERSEPT, "fue la culminación de un plan para dominar políticamente la prestación de los servicios públicos en Tucumán".