Sindicalistas docentes y estatales admitieron ayer estar “preocupados e indignados” con la decisión del gobierno provincial de otorgar un subsidio al Colegio de Magistrados y Funcionarios para la construcción de la sede de la entidad. “No existen argumentos jurídicos, políticos ni éticos que puedan justificar que se deriven fondos públicos para construirles un “quincho” a los jueces; y esta donación, regalo o como quiera llamársele pone en duda esta independencia”, advirtieron, tras una extensa y concurrida reunión.
Luego de la reunión celebrada el lunes 5 de julio junto a otras organizaciones gremiales, políticas y sociales Nilda Beatriz Patiño, secretaria general del gremio Docentes Autoconvocados, Carlos Toloza titular de Voz Docente y Antenor Gauna, conductor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hicieron pública su preocupación e indignación, a través de un parte de prensa, respecto de la “donación” de $1.038.335,78 “hacia quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia - los jueces asociados y/o agremiados en una organización que lleva por nombre Colegio de Magistrados. Esto lo mínimo que provoca es preocupación, duda e indignación”, apreció el texto.
Los dirigentes manifestaron además su preocupación porque la división e independencia de poderes debe cumplirse para asegurar a los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio de sus derechos y “esta donación, regalo o como quiera llamársele pone en duda esta independencia, elemento necesario e indispensable para evitar arbitrariedad en sentencias”, reflexionaron.
“Indignación porque no existen argumentos jurídicos, políticos ni éticos que puedan justificar que deriven fondos públicos (entiéndase de todos nosotros) para construirles un “quincho” a los jueces”, graficaron.
PAPEL
“No es necesario ser letrado o leído para saber que los jueces tienen un papel importante en cualquier sociedad democrática; porque el ciudadano cuando cree que un particular o el gobierno no han respetado las leyes o violado los derechos acude a la Justicia solicitando la reparación. Porque, digámoslo en castellano claro, los jueces son los que aplican las leyes a los casos que se le presentan; en caso de duda interpretan el significado de las normas, desde la más simple hasta la propia Constitución. A tal punto que en el mundo de los abogados se sostiene que la “Constitución es lo que la Corte y el Superior Tribunal dicen que es”, abundaron.
Y siguieron: “Son tan importantes y valiosos los jueces que en cualquier manual escolar secundario se les enseña a los jóvenes que por eso, por ejemplo, los jueces tienen incompatibilidades, inamovilidad en sus cargos e intangibilidad de sus sueldos. Por ello, respecto de las incompatibilidades, se estableció la imposibilidad legal de ejercer otro cargo a la vez, salvo la docencia, en el nivel superior o universitario. Pues no debe “ejecutar actos que comprometan la dignidad de sus cargos”. Esto tiene por objeto asegurar la imparcialidad de los jueces evitándoles comprometerse con intereses (privados, públicos o gubernamentales) que pudieran afectar su capacidad de “administrar justicia bien y legalmente”, agregaron los sindicalistas.
“En ese sentido, los jueces, también tienen asegurado inamovilidad en su cargo, poniéndolos a salvo de las posibles presiones del poder político. Salvo conductas irresponsables que serían expuestas y consideradas en un procedimiento conocido como jurado de enjuiciamiento. Tampoco sus sueldos, pueden ser disminuidos”, profundizaron.
En este contexto manifestaron como simples ciudadanos y como dirigentes de trabajadores “nuestro repudio, rechazo, duda y preocupación frente a esta situación que enrarece la administración de Justicia. Por ello, hemos empezado a reunirnos y estamos convocando a organizaciones gremiales, políticas y sociales a expedirse y discutir acciones conjuntas. Pues como sociedad debemos opinar, hacer sentir nuestros reclamos de derechos y justicia particulares y sectoriales”.

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